El Museo del Cine, una estafa de 9 millones

La noche del 6 de febrero de 2008, durante la inauguración de la exposición Gabriel Figueroa: cinefotógrafo, en el Palacio de Bellas Artes, el presidente Felipe Calderón tuvo la ocurrencia de anunciar la creación de un Museo del Cine Nacional, del cual incluso se permitió enunciar varias características (moderno, interactivo, dotado de los más avanzados recursos de multimedia, capaz de ofrecer exposiciones permanentes y temporales).
La tarea de trabajar en el proyecto, que debería estar listo en 2010 para las celebraciones del Bicentenario, fue endosada al Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), dirigido por Marina Stavenhagen, dependencia que en el actual sexenio ha visto caer año con año su presupuesto. Al frente de la propuesta conceptual y temática del proyecto quedó el fotógrafo Pablo Ortiz Monasterio cuyo nombramiento fue hecho por Conaculta.
Tras meses de organizar seminarios con expertos para reflexionar cuál era el museo del cine que necesitaba México, Ortiz Monasterio apareció durante la presentación del informe anual del Imcine, sin resultados y una explicación improvisada sobre los avances en la que prácticamente inventó que se había pensado no en un edificio, sino en que diez ciudades del país, vinculadas con medios digitales, albergaran una célula del museo, aunque nunca se dijo qué ciudades ni bajo qué criterio serían designadas. Continuar leyendo

Iniciativa México o ganarle al desánimo

Este lunes, televisoras, radiodifusoras y diarios mexicanos encabezados por Grupo Televisa, presentaron Iniciativa México, un proyecto que según sus creadores “busca rescatar al México dinámico y emprendedor”, al tiempo que pretende, ambiciosa, “una reflexión profunda sobre la responsabilidad de los mexicanos en el curso favorable de México”. Sin embargo, cuando se le mira fuera del contexto de los discursos de encomio y autoelogio de los empresarios participantes, la iniciativa está lejos de ser el “acto sin precedentes” que mencionó el presidente de Tv Azteca, Ricardo Salinas Pliego, en su discurso.
Iniciativa México se reduce a un certamen de proyectos de acción social o ambiental, de los cuales sólo uno será premiado con 2 millones de pesos, mientras que otros cuatro, recibirían un millón. La seriedad del procedimiento para calificar las propuestas es cuestionable, pues según se desprende del texto de la convocatoria, éstas no ganarán (al menos no en principio) por su viabilidad, sustentabilidad, su utilidad pública ni sus cualidades técnicas, sino por la simpatía que logren generar en el público, lo cual sirvió, por ejemplo, para decidir en su momento si Jorge Kahwagi permanecía o era expulsado de la casa de Big Brother.
En el acto de presentación, realizado en el exconvento de San Hipólito del Centro Histórico de la Ciudad de México, Emilio Azcárraga Jean y Salinas Pliego tomaron como suya la preocupación no pocas veces manifiesta del gobierno federal de anteponer “noticias de soluciones y generosidad” a las noticias de problemas y violencia. El compromiso mayor que ambos asumieron, junto con los otros medios participantes consiste en —poca cosa— transmitir de agosto a octubre un programa semanal, publicar notas y videos en diarios y sitios de internet, sin obligación extra alguna en lo que se refiere a espacios, duración o jerarquía.
En su columna del martes, Carlos Loret, uno de los conductores del evento, asegura que los denuestos a lo presentado horas atrás provienen de que la Iniciativa México empodera al ciudadano. ¿Basado en qué? En el hecho de que ni partidos ni gobiernos aparecen de manera visible, aunque se inscriba en las actividades oficiales del bicentenario. El análisis del periodista está lejos sin embargo, de reconocer, como sí lo hacen otros, que de nueva cuenta son los medios quienes “definen los mensajes y pretenden que el público los haga suyos”.
Lo grave de esto, en todo caso, es la suma de instituciones de educación pública como la UNAM y el IPN a una “cargada” acrítica en favor de una campaña que presume estar sembrando una semilla o detonando una reflexión profunda sobre la responsabilidad de los ciudadanos en el futuro de México, y que olvida a golpe de frases optimistas lo que las facultades y escuelas de educación superior hacen todos los días, generando proyectos sustentables que las más de las veces se ven frenados por los aparatos burocráticos.
Al final, queda la impresión de que Iniciativa México intenta ganarle en los medios a la percepción de desánimo generalizada en el país. Aun cuando algunos de los convidados al lanzamiento en el exconvento de San Hipólito consideran que la idea de Emilio Azcárraga Jean y sus asesores “podría conseguir el cambio que la transición democrática no consiguió”, nada de lo expresado parece abrir un espacio a los ciudadanos que no participan en el concurso, ni visos de cómo el país verá su rumbo redefinido a partir de que se abra una línea 01 800 para votar por los emprendedores.
Suena poco probable que esta bolsa de 6 millones de pesos a repartir sea el parteaguas histórico al que se refiere Javier Aguirre en el spot televisivo en el que habla de los cambios que se dieron en 1810 y 1910. No hay nada en los mensajes difundidos que convenza de que nos estamos jugando el futuro. Hay, sí una clara intención de imbuir en la gente una actitud optimista basada en el voluntarismo, en el olvido del pasado y del presente mal conducido para apostar sólo por la entelequia del futuro. Que esa idea sólo pueda ser transmitida a través de un referente como el futbol y la Selección Nacional, habla del pobre concepto en que se tiene al público, pero al mismo tiempo dice mucho de su autor intelectual, el presidente de la República.
La iniciativa nació muerta porque con excepción de quien entre a la disputa por el dinero, al resto de los mexicanos, muchos de los cuales han sido tomados por el desánimo y la desconfianza, le significa muy poco lo que no se ubica como tema en su agenda cercana.

El riesgo de informar en México


El pasado 5 de marzo, durante la presentación del Informe de Actividades 2009 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el presidente Felipe Calderón aseguró, sin aportar datos o cifras, sin ir más allá del mero plano enunciativo, que los grupos del narcotráfico constituyen hoy la principal amenaza a la libertad de expresión y a la seguridad de los comunicadores en México.
De acuerdo con información recabada y hecha pública por el Centro de Periodismo y Ética Pública (CEPET) —la cual coincide en lo general con los datos de otras organizaciones—, en 2009 fueron las autoridades y los cuerpos de seguridad del Estado los principales agresores de los comunicadores. Durante los primeros cinco meses de 2010 esto no ha sido diferente. Es posible, sí, que la percepción generalizada haya sido la de un agudizamiento de la violencia proveniente del crimen organizado contra los periodistas, por acciones de alto impacto en la opinión pública que han sido asumidos como advertencias y represalias de las bandas del narcotráfico que se disputan el control de las plazas.
Del asesinato de Valentín Valdés Espinosa, reportero del diario Zócalo de Saltillo, ocurrido la madrugada del 8 de enero en la capital de Coahuila, al ataque con ráfagas de rifle AK-47 y granadas de fragmentación contra las instalaciones del Canal 2 de Tepic, Nayarit, el pasado 17 de mayo, hemos sido testigos durante el presente año de 35 episodios que violentan el derecho a informar de periodistas y medios. De éstos, sólo cinco (14.28%) estarían relacionados con el crimen organizado, en tanto que en 15 (42.85%) de ellos los responsables son elementos del ejército, policías municipales, estatales y federales.
Además de la violencia que comúnmente puede observarse contra periodistas de parte de cacicazgos locales en los estados que generalmente suelen ver el escrutinio de los medios a su gestión como un peligro para su proyecto político personal, un buen número de agravios están vinculados de una u otra manera con la “guerra” que las autoridades federales aseguran sostener contra los grupos del narcotráfico; la presencia del Ejército en las calles de diferentes plazas del país y los operativos de vigilancia de las fuerzas federales propician con una frecuencia cada vez mayor los excesos de elementos uniformados que entienden poco de la labor de los informadores. Hay, sin embargo, un área gris en la que es imposible establecer registros de casos. Trabajar como periodista en algunas regiones de México donde las bandas del narcotráfico imponen la agenda, puede ser asunto de vida o muerte. Para medios y comunicadores de Ciudad Juárez, Reynosa o La Laguna, por ejemplo, la opción sensata es el silencio, la autocensura. El impacto en términos de lo que significa para la sociedad este retroceso en su derecho a saber es inmensurable; en ese contexto es casi imposible conocer cuando un periodista es obligado a callar y quién exactamente busca silenciarlo.
Redacciones de medios en todo el país encaran esto todos los días y es posible que este mismo año el número de agresiones registradas contra comunicadores caiga sin que necesariamente la impunidad haya sido abatida o se hayan garantizado mejores condiciones para el trabajo periodístico. El fenómeno del silencio también dice mucho.

Publicado en la edición de junio de la
revista Metrópolis, de Coahuila

La doble moral del “periodismo de izquierda”

En unos días más se cumplirán seis meses desde que El Periódico suspendió sus operaciones, ahogado por deudas millonarias entre las que se encuentra una de al menos 10 millones de pesos con Transcontinental, el impresor, y otra por medio millón con la empresa Concepto y Punto, que se encargó de la distribución en las calles durante las primeras semanas .
El director del proyecto, el sonorense Ramón Alfonso Sallard, quiso convencer a propios y extraños de que el nuevo fracaso y la falta de liquidez para hacer frente a los compromisos, se trataba de algo pasajero y salvable.
La realidad es que desde julio de 2009, cuando se decidió poner fin a la publicación semanal de un milón de ejemplares gratuitos para convertirla en un diario, con la periodista Daniela Pastrana como directora editorial, los problemas ya eran mayúsculos; la falta de liquidez era insolvencia.
Entre agosto y octubre, los cambios de imprenta se hicieron constantes ante la negativa de varios talleres a seguir imprimiendo sin que se liquidaran las deudas. En octubre, los trabajadores recibieron su última quincena, pero Sallard insistía en que estaban abiertas varias opciones de financiamiento, una que venía del gobierno de Zacatecas, otra más del Gobierno del Distrito Federal y otra que consistía en triangular la impresión de Regeneración, el periódico del movimiento lopezobradorista.
Según cuenta el periodista Alberto Aguirre, el 19 de marzo, Sallard pidió a los empleados entregar sus gafetes de acceso y las llaves de las oficinas, dando por cancelada la aventura iniciada en marzo de 2009. Para ese momento, a los reporteros, editores, diseñadores y empleados de sistemas de El Periódico se les adeudaban alrededor de 20 semanas de sueldo, además de que nunca recibieron prestaciones como la incorporación al IMSS, el Infonavit o el pago de aportaciones patronales al fondo de ahorro para el retiro de cada trabajador.
El director ofreció como salida a los empleados un finiquito en especie que consistía en cobrarse con mobiliario o equipo de cómputo de la redacción, por lo que finalmente 24 periodistas e integrantes del personal decidieron acudir a la Secretaría del Trabajo del Distrito Federal para que fungiera como mediadora en el conflicto. Las pláticas en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje se rompieron el 12 de abril pasado, cuando Sallard ofreció 300 mil pesos como monto único para repartir entre los afectados, lo que originó que éstos optaran por interponer una demanda laboral contra el periodista y varios conocidos perredistas y lopezobradoristas —en su calidad de socios de la empresa Periodismo desde la Izquierda—, como Alejandro Encinas, Laura Itzel Castillo, el exfuncionario de Coyoacán Fernando Cravioto Padilla, la gobernadora Amalia García, y el líder del SME, Martín Esparza, entre otros.
El equipo de El Periodico demanda el pago de salarios devengados y prestaciones como aguinaldo, prima vacacional, y la liquidación de ley, aunque ante la incapacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones se dijeron dispuestos a llegar a un acuerdo que garantice la liquidación de sus quincenas trabajadas, pero no menos de eso.
Los periodistas que trabajaban en el proyecto han recibido, empero, un trato indigno toda vez que a algunos se les ha acicateado para aceptar la ofensiva oferta de la empresa y beneficiarse de ella en lo personal, pues se les advierte que están dispuestos y preparados para un juicio largo con el resto de los demandantes. Laura Itzel Castillo, secretaria de Asentamientos Humanos y Vivienda del “Gobierno Legítimo”, aseguran los ex empleados de El Periódico, ha llegado a las amenazas, mientras que Alejandro Encinas insiste en deslindarse de cualquier responsabilidad.
Hasta hoy, los periodistas defraudados sólo son motivo de mención de parte de algunos compañeros de profesión; en el movimiento que detenta la virtud, nadie los menciona. Rapaces los otros; nuestra solvencia moral está por encima de la obligación de pagarle a la gente por su trabajo.

Proceso, Scherer y El Mayo Zambada

Existe entre muchos periodistas mexicanos un debate serio y real sobre la cobertura diaria del narcotráfico, la ausencia del contexto ante los crímenes que van sumándose al contador que algunos diarios llevan para atestiguar el extravío del país, las alternativas que existen para hacer un periodismo útil ante la amenaza de grupos de la delincuencia organizada que tratan de imponer la agenda mediante el miedo y el escarmiento ejemplar de reporteros.
Algunos han caído en la trampa de aceptar (adoptando el lenguaje del gobierno federal) que existe una guerra contra el narco, que en ella los medios deben asumir una posición, y que no puede concedérsele la misma legitimidad a los actores que operan fuera del marco legal que a los que sí lo hacen.
El pasado domingo, el semanario Proceso reabrió la discusión sobre el tema y marcó la agenda informativa de una semana en la que los espacios televisivos administraban su rating sirviéndose de la muerte de la niña Paulette Gevara. En su portada, el periodista Julio Scherer aparece en una fotografía, abrazado por Ismael El Mayo Zambada, el número dos del cártel de Sinaloa, durante un encuentro que es detallado en páginas interiores y en el que, no se oculta, Zambada mantuvo el control.
En la breve conversación con Scherer, acepta que vive con miedo y que en cuatro ocasiones ha estado cerca de ser capturado; suelta una frase que en boca de un analista sería una más, nada nuevo, pero que adquiere una dimensión diferente cuando la expresa el personaje: la guerra que proclama la actual administración está perdida porque el narco está en la sociedad, arraigado como la corrupción.
Las críticas, según leo, tienen que ver con dos aspectos del encuentro. Una, discutible, que apunta que el acercamiento aporta poca o ninguna información nueva sobre el fenómeno de la criminalidad y que discurre sobre las preguntas que el director fundador de Proceso “podría” o “debió” haber hecho.
La otra, digna de una mayor reflexión, se refiere al hecho de que haya sido el delincuente quien impusiera las condiciones de la entrevista. Se habla de una prensa que se deja usar por el narco y el criminal (vuelto celebridad) que se da el lujo de escoger al periodista que lo entrevista. Mario Campos sostiene, por ejemplo, que reproducir el contenido de las llamadas narcomantas significa prodigarle al crimen organizado casi el mismo trato que se da a una dependencia pública y oponer su versión a la oficial como si ambos fueran actores con el mismo valor.
Basado en un caso práctico, Raymundo Riva Palacio incluso se permitió argumentar punto a punto su negativa ante una oferta similar, atendiendo a responsabilidades que no pueden asumirse a la ligera cuando el eventual encuentro con un capo puede tener consecuencias.
Pero hay un falso dilema en esta discusión. No es cierto que el periodista tenga que escoger entre privilegiar la versión oficial o volverse vocero de los cárteles de la droga. El texto de Julio Scherer puede ser juzgado en sus alcances, pero siempre atendiendo a las circunstancias del encuentro. La crónica que hace el periodista, y en esto no se ha sido totalmente justos, es la pieza que abre un amplio trabajo de Proceso que profundiza en el perfil del capo, a quien se le reconoce una gran capacidad de infiltración y corrupción, sin omitir el tema de sus vínculos con Jesús Vizcarra Calderón, precandidato del PRI al gobierno de Sinaloa.
No entiendo bajo qué criterios puede asegurarse que el episodio de El Mayo Zambada implica un uso de los medios para los fines del narcotráfico; el breve retrato de él que aparece en el semanario está, como escribe Denise Maerker, muy lejos de la imagen heroica y vencedora que cantan los narcocorridos. Un juicio así, en todo caso, no puede estar soportado en la lectura de seis páginas. Estamos en la disyuntiva del silencio, de pretender que los mensajes del narco no están llegando a las redacciones; corremos el riesgo de crear percepciones equivocadas en favor de una facción, de convertirnos en idiotas útiles.

Excélsior y Maciel, silencio cómplice

El pasado miércoles 3 de marzo, Christian, José Raúl y Omar González Lara se presentaron en el espacio radiofónico conducido por Carmen Aristegui. Acompañados por su madre Blanca Estela Lara, no sólo aseguraron al aire ser hijos del fundador de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel Degollado, sino que, como antes hicieron otros estudiantes y seminaristas de las escuelas controladas por esa congregación, admitieron haber sido víctimas de abuso sexual del sacerdote.
La entrevista abrió un nuevo capítulo en la historia iniciada en 1997, cuando el Hartford Courant publicó las primeras denuncias contra el padre Maciel, quien alegando una dispensa del papa Pío XII, llevaba a jovencitos a su habitación para hacer que lo masturbaran o para masturbarlos él.
La Legión intentó poner en duda la credibilidad de los denunciantes y dio a conocer el contenido íntegro de una carta en la que José Raúl González pedía 26 millones de dólares a cambio de guardar silencio sobre su caso.
La conversación de Aristegui con los hijos del religioso atrajo el interés de la opinión pública. Fragmentos de la entrevista fueron retomados por otros espacios de radio y reproducidos por diarios como El Universal, Reforma, La Jornada, Milenio e Impacto que en atención a un legítimo interés periodístico llevaron el tema a su primera plana. No fue el caso de Excélsior.
El diario propiedad de Olegario Vázquez Raña no publicó una sola línea sobre las nuevas acusaciones. La ausencia de referencias a Maciel incluso en el sitio web del periódico forzó una explicación del director editorial Pascal Beltrán del Río, quien aludió a criterios editoriales. La verdad, sin embargo, parece ser distinta.
Olegario Vázquez Raña, como Ricardo Salinas Pliego, Lorenzo Servitje, Alfonso Romo y Marta Sahagún, entre otros personajes del poder político y empresarial, solaparon y acogieron bajo su manto a Maciel Degollado, de quien recibieron un evangelio a modo para las élites y una teología de la prosperidad que conciliaba altos valores morales (asistencialismo y limosnas) con la acumulación de riqueza y poder. No es falso el debate interno en Excélsior sobre el valor periodístico de la exclusiva conseguida por Aristegui, pero es un hecho que pederasta, adicto a la morfina, con amantes e hijos en al menos dos continentes, el fundador de los Legionarios ha tenido en Vázquez Raña y su hijo Olegario Vázquez Adir, a dos protectores que, sin pudor, se sumaron a los líderes de esa orden religiosa, quienes por años se prestaron a la simulación y encubrieron al criminal.
Por supuesto, las razones meramente empresariales también importan; Imagen se ha convertido en un grupo multimedios que debe garantizar su viabilidad económica. Pedro Ferriz de Con y Ernesto Rivera traducen y ejecutan en las redacciones de televisión radio y prensa los deseos de los propietarios y de los amigos de casa que tienen a Cadena Tres, Imagen o Excélsior en sus pautas publicitarias.
Los ecos del escándalo han alcanzado los medios internacionales y han generado reacciones incluso entre las autoridades vaticanas. Difícilmente Excélsior o Crónica (que también ha guardado un conveniente silencio en el tema) pueden sostener que éste sea un conflicto del ámbito privado; hay innegable interés periodístico en él. El silencio parece cómplice.

Click aquí para escuchar la entrevista de Carmen Aristegui en Noticias MVS


De nuevo, El Economista cambia de director

A menos de tres meses de su relanzamiento, y mediante un comunicado publicado en su sitio web, el Consejo de Administración del diario El Economista dio a conocer esta tarde el cese de Luis Enrique López como director general, sin que hasta el momento existan más detalles de lo que originó la decisión de los accionistas encabezados por Jorge Nacer.
Lo que es un hecho, es que la resolución no fue comunicada al equipo hasta este domingo, durante la junta editorial, cuando Marco Antonio Mares, autor de la columna “Ricos y poderosos” de ese mismo diario, se presentó ante el cuerpo de editores como el nuevo director general, en una reunión en la que no se mencionó ni una sola vez a López ni las razones de su salida. Por lo pronto, existe desconcierto en la redacción y el anuncio de más movimientos en los días por venir.
Marco Antonio Mares es el cuarto director general de El Economista en un periodo de apenas dos años, detrás de Luis Enrique López, Ricardo Medina Macías y el fundador Luis Enrique Mercado.

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