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Hace casi una semana, el viernes 24 de agosto, la revista electrónica Reporte Índigo publicó un trabajo de Anabel Hernández, en el que se revala el contenido de un supuesto informe confidencial de inteligencia militar de la Secretaría de la Defensa Nacional y en el que se afirma que René Arce Islas, ex delegado de Iztapalapa y hoy senador del PRD, se llama en realidad Oscar Nahúm Círigo Vásquez y es hermano de su sucesor en la Jefatura Delegacional, el hoy diputado local Víctor Hugo Círigo Vásquez.
El reportaje tiene en su favor el descubrimiento de esa relación, la cual queda clara cuando se ve la fotografía de ambos perredistas y ahonda en los motivos del senador para cambiar su identidad. Ahora bien, esa ancla que llega hasta el aparente involucramiento de los Círigo con los grupos guerrilleros de los setenta, específicamente la Liga Comunista 23 de Septiembre (a la que Arce reconoció haber pertenecido) podría no ser tan sólida en los argumentos que implican una posible infiltración de Arce en el EPR para ocasionar una ruptura. Sus vínculos con personajes del grupo armado están claros, pero no así su actuación en lo que se sugiere habría sido una traición.
Anabel Hernández logró un impacto discreto con su texto; los medios que recogieron el asunto fueron pocos aunque importantes, lo que hacía pensar que se trataba de la mezquindad de ciertas políticas editoriales que dictan no hacer ruido ni llevar la atención de los lectores sobre el trabajo ajeno. Quizá, por otro lado, podría ser cautela, la reportera tendrá que apuntalar un poco más la historia en la medida en que su reportaje ha despertado la curiosidad de quienes conocieron una iniciativa reciente de René Arce que busca que los militares que cometan violaciones a los derechos humanos y otros delitos contra civiles, sean juzgados por la justicia civil.
El miércoles, a unos cuantos días de la publicación de Reporte Índigo, La Jornada dio a conocer también la existencia de un conveniente acuerdo, firmado el pasado 1 de abril por los secretarios de Seguridad Pública y de la defensa Nacional, Genaro García Luna y Guillermo Galván Galván, respectivamente, en el que se da carta blanca a los militares al establecer que la justicia civil no podrá juzgar a militares que cometan violaciones a derechos humanos u otro tipo de delitos mientras actúen como policías federales.
Insisto, Anabel tiene una inmejorable oportunidad, sobre todo ahora que la Sedena ha desmentido la existencia del expediente referido en el reportaje y que algunos ven la interesada mano del alto mando militar tras el texto que desenmascara a Arce.