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Hace poco menos de un año, en su edición 1643, Proceso publicó un largo reportaje de Ricardo Ravelo cabeceado en portada como “Eduardo Bours: narcopoder en Sonora”, cuya parte sustancial se refería a una investigación de la PGR a personajes cercanos al gobernador Eduardo Bours bajo el supuesto de que estarían operando una amplia red de narcotráfico y narcomenudeo, solapados y protegidos por el propio mandatario. Específicamente, el texto aludía a la relación de su jefe de escoltas con el grupo de los hermanos Beltrán Leyva, la implicación de al menos 24 tractocamiones de la empresa Bachoco, propiedad de los Bours, en el transporte de droga como mariguana, cocaína y crystal, así como la adquisición de tierras y la construcción de zonas hoteleras que podrían estar siendo pantalla de actividades como el “lavado de dinero”. Menos de una semana después, Reporte Índigo le abrió sus páginas y su edición multimedia al gobernador, a través de una entrevista en la que Bours no sólo presume dos casos en los que sus agentes estatales resultaron “más efectivos que los cientos de elementos de la PFP y la AFI distribuidos en el país para combatir al narcotráfico”, sino que asegura tener garantías de su “tocayo”, el procurador general de la República, de que no existen indagatorias en su contra. Ni reportera ni entrevistado se acuerdan de la averiguación previa PGR/SON/HM-UMAN-LL/338/2007, así que buena parte de la conversación se centra en una tesis: la intención de erosionar el proyecto electoral de Eduardo Bours rumbo al 2012.

Vale la pena, por eso, dedicarle unos minutos a la columna de hoy de Raymundo Riva Palacio, en la que se refiere a la cobertura de Reporte Índigo en varios casos y a la incuestionabilidad que el título de periodista está regalando a medios y redactores, blindándolos —más importante aún— de la crítica del gremio.