El pasado 5 de marzo, durante la presentación del Informe de Actividades 2009 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el presidente Felipe Calderón aseguró, sin aportar datos o cifras, sin ir más allá del mero plano enunciativo, que los grupos del narcotráfico constituyen hoy la principal amenaza a la libertad de expresión y a la seguridad de los comunicadores en México.
De acuerdo con información recabada y hecha pública por el Centro de Periodismo y Ética Pública (CEPET) —la cual coincide en lo general con los datos de otras organizaciones—, en 2009 fueron las autoridades y los cuerpos de seguridad del Estado los principales agresores de los comunicadores. Durante los primeros cinco meses de 2010 esto no ha sido diferente. Es posible, sí, que la percepción generalizada haya sido la de un agudizamiento de la violencia proveniente del crimen organizado contra los periodistas, por acciones de alto impacto en la opinión pública que han sido asumidos como advertencias y represalias de las bandas del narcotráfico que se disputan el control de las plazas.
Del asesinato de Valentín Valdés Espinosa, reportero del diario Zócalo de Saltillo, ocurrido la madrugada del 8 de enero en la capital de Coahuila, al ataque con ráfagas de rifle AK-47 y granadas de fragmentación contra las instalaciones del Canal 2 de Tepic, Nayarit, el pasado 17 de mayo, hemos sido testigos durante el presente año de 35 episodios que violentan el derecho a informar de periodistas y medios. De éstos, sólo cinco (14.28%) estarían relacionados con el crimen organizado, en tanto que en 15 (42.85%) de ellos los responsables son elementos del ejército, policías municipales, estatales y federales.
Además de la violencia que comúnmente puede observarse contra periodistas de parte de cacicazgos locales en los estados que generalmente suelen ver el escrutinio de los medios a su gestión como un peligro para su proyecto político personal, un buen número de agravios están vinculados de una u otra manera con la “guerra” que las autoridades federales aseguran sostener contra los grupos del narcotráfico; la presencia del Ejército en las calles de diferentes plazas del país y los operativos de vigilancia de las fuerzas federales propician con una frecuencia cada vez mayor los excesos de elementos uniformados que entienden poco de la labor de los informadores. Hay, sin embargo, un área gris en la que es imposible establecer registros de casos. Trabajar como periodista en algunas regiones de México donde las bandas del narcotráfico imponen la agenda, puede ser asunto de vida o muerte. Para medios y comunicadores de Ciudad Juárez, Reynosa o La Laguna, por ejemplo, la opción sensata es el silencio, la autocensura. El impacto en términos de lo que significa para la sociedad este retroceso en su derecho a saber es inmensurable; en ese contexto es casi imposible conocer cuando un periodista es obligado a callar y quién exactamente busca silenciarlo.
Redacciones de medios en todo el país encaran esto todos los días y es posible que este mismo año el número de agresiones registradas contra comunicadores caiga sin que necesariamente la impunidad haya sido abatida o se hayan garantizado mejores condiciones para el trabajo periodístico. El fenómeno del silencio también dice mucho.
