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Sea porque se ha declarado incompetente para investigar diversos casos de asesinato, desaparición forzada o amenazas; porque se niega a reconocer la calidad de periodista a la mayoría de las víctimas, o simplemente porque ha determinado que los crímenes no guardan relación con su trabajo profesional como informadores, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra Periodistas (FEADP) logró bajar las cifras hasta sacar a México de la deshonrosa lista que lo colocaba como el segundo país, después de Irak, entre los más peligrosos para ejercer el periodismo en el mundo.
Y es que según los datos oficiales presentados en diciembre pasado por el fiscal Alberto Orellana Wiarco, sólo tres de los 25 asesinatos registrados entre 2007 y 2008 contra reporteros, fotógrafos y otros trabajadores de los medios, habrían tenido que ver con su labor. Para el funcionario, la evidente discrepancia de sus números con los de organismos nacionales e internacionales es atribuible a que éstos no tienen una metodología confiable en el registro de agravios, por lo que descalificó el trabajo de Reporteros sin Fronteras (RSF) cuyo registro de periodistas ultimados en los dos últimos años llega a 19; del Instituto Internacional de Prensa (IPI, por sus siglas en inglés), que sólo en 2007 contabilizó siete homicidios y aun de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que desde 2000 reporta haber conocido de 45 casos. Parafraseando al escritor brasileño Nelson Rodrigues, la FEADP ha decidido por el camino de “si los datos no nos apoyan, peor para los datos”.