Hay muchas cosas que se pueden aprender del narcotráfico. Es un sector que ha aprendido a identificar los mercados y crear la logística para atenderlos… Lo han hecho sin subsidio, ése es el tema.

Jeffrey Max Jones, subsecretario de agronegocios de la Sagarpa, al proponerle a campesinos un modelo de negocio productivo.

Lo publicó Eje Central hace casi dos meses: Letras Libres, la revista que dirige Enrique Krauze habría perdido al menos una parte del importantísimo respaldo económico que le daba Cemex, la empresa de Lorenzo Zambrano que, para librar la crisis, se vio obligada a reducir y eliminar apoyos en áreas no estratégicas. Aunque la nota sólo destacaba su efecto en las operaciones de la revista en España, el daño fue mayor de lo que parece.
Ese mismo mes, Krauze decidió prácticamente cancelar el proyecto en red conocido como Lupa Ciudadana, nacido como una suerte de observatorio electoral del proceso de 2006 y que en febrero de 2007 fue relanzado como un instrumento de vigilancia de las dependencias del gobierno federal, así como del Poder Legislativo.
Pese a haber invertido recursos en un nuevo rediseño de cara a la elección intermedia de este 2009, lo que implicó la adición de nuevos elementos multimedia e incluso un convenio de colaboración con la agrupación México SOS, de Alejandro Martí, en agosto, la empresa decidió prescindir de la totalidad del equipo de Lupa Ciudadana, menos una persona, con lo que el proyecto agoniza con un mínimo de presupuesto.
A todo esto vino a sumarse la decisión del gobierno federal (hecha pública por Etcétera) de suspender a partir de octubre el gasto publicitario de las dependencias públicas en todas las revistas del país para privilegiar la promoción de las tareas del gobierno en medios electrónicos. Un trabajo de Jorge Carrasco Araizaga, publicado por Proceso, reportaba que en septiembre, Letras Libres tenía en sus páginas publicidad del Infonavit, Compañía de Luz y Fuerza del Centro, Conaculta, Conacyt, Fondo de Cultura Económica, Inmujeres, Pemex, Diconsa, Secretaría de Turismo, Segob y el IPN, por lo que se anticipaba una fuerte caída en sus ingresos por esta vía.

La mal llamada izquierda mexicana es responsable del endiosamiento de periodistas que difícilmente se caracterizan por el equilibrio de sus investigaciones o por una actuación ética a toda prueba; la celebridad está determinada por los trabajos de coyuntura que atienden a un interés de hacer ver mal a la autoridad en turno y que a la vez cumplen una función catártica al permitir el linchamiento retórico de personajes sobre los que pesa la animadversión popular. Infortunadamente, más periodistas hoy han comenzado a tomar el ejemplo en busca de fama súbita que les gane el título de expertos o autoridades en determinada materia, con la conciencia plena de que aparejado a la revelación de veleidades de los poderosos y las zonas oscuras de la administración pública (por supuesto no hablamos de análisis exhaustivos, trabajos de prospectiva o de consulta histórica) vienen los premios y el endiosamiento aun de parte de otros periodistas.
A raíz de la publicación del libro Los demonios del Edén, la detención arbitraria de la escritora Lydia Cacho en diciembre de 2005 y los hechos posteriores que mostraron la operación de un gobierno estatal para escarmentar a la autora como un favor personal a un particular, el gremio colocó a Cacho en un pedestal de valiente mártir, la llenó de reconocimientos y le concedió credibilidad absoluta y vitalicia en sus acciones y palabras, de modo que hoy cualquier crítica a la periodista es traducida de inmediato como una agresión a las mujeres o a las causas que representa.
Hoy arropada por la dirección del diario más importante del país, Cacho tiene impunidad declarativa; los medios le han otorgado el poder de juzgar el mal y el bien, lo justo, lo verdadero. Es Lydia Cacho, intocable, incuestionable, miembro distinguido de la selecta lista de lo que esa izquierda ridícula juzga como “periodistas valientes”, como si el resto de reporteros, editores, correctores de estilo y redactores fuéramos todos unos cobardes vendidos.
Hoy, el querido Ernesto Diezmartínez abrió en su blog una discusión acerca del proyecto de filmar en México una cinta basada en basada en Memoria de mis putas tristes, de Gabriel García Márquez, hecho del que se desprende un texto publicado hoy en El Universal por Lydia Cacho. En él, la autora se escandaliza por que una obra literaria sobre un viejo de 91 años que paga para desflorar una niña virgen en su cumpleaños, sea llevada a la pantalla, pues su entendimiento la lleva a juzgarla como una “apología fílmica de la trata de menores”.
Cacho remata su idea con una línea indigna, de un tufo ignorante y clasista: “La novela tiene un público limitado, la película en cambio terminará en televisión y será masiva”. Lo que parece decir aquí la escritora es que como la lectura es sólo accesible para “nosotros los intelectuales”, capaces de distinguir la ficción de la realidad, y la chusma no lee, no hay peligro; en cambio, llevar una historia de estas a la televisón equivale a promover el abuso sexual en cadena nacional. Claro, la chusma es incapaz de discriminar entre lo bueno y lo malo.
Bajo esa óptica, puede esperarse que la “valiente periodista” exija en el futuro erradicar del cine y TV toda referencia sobre amor entre personas del mismo sexo. Esos jodidos ignorantes que no leen y a quienes tenemos el deber de guiar como sus superiores intelectuales pueden terminar convirtiéndose todos en homosexuales y lesbianas.
Hay que decirlo con todas sus letras; en aras de conservar su imagen de periodista preocupada por cosas importantes, Lydia Cacho es capaz de escribir las peores pendejadas. Es bochornoso. Aunque claro, está blindada a las críticas.

“¿Cuánto gana usted, señor abogado?”, preguntó el pasado martes uno de los integrantes de la redacción de El Universal al jefe del equipo jurídico de la empresa, mientras éste leía a los empleados la decisión del diario de cancelar la entrega de utilidades garantizadas. Esto es, el equivalente a dos meses de sueldo que el personal recibía cada diciembre como complemento de las utilidades que por ley deberían repartirse en mayo y que permitía a una mayoría de empleados superar temporalmente las privaciones originadas por los sueldos insuficientes que perciben el resto del año.
Ante la disminución en sus ventas del 10.1% durante el primer semestre del año en relación con el mismo periodo de 2008, la caída en los ingresos publicitarios y el incremento en los gastos de operación, la empresa no ha dejado opción a sus trabajadores y apenas les ha concedido una semana para pensar en la pertinencia de firmar el documento (primero denominado “acuerdo” y más tarde “aviso”) en el que renuncian a su derecho.
Las distintas áreas del periódico fueron convocadas desde el viernes 21 a reuniones separadas que se realizaron entre el 24 y 25 de agosto en el salón Palavicini del edificio de Bucareli 8 (donde Juan Francisco Ealy Ortiz realiza sus actos de lucimiento personal y ofrece comidas a políticos y empresarios) y que estuvieron encabezadas por el director del rotativo, Jorge Zepeda Patterson; el coordinador de Relaciones Industriales de la empresa, Ildefonso Fernández Guevara, y el jefe del Jurídico.
El clima de molestia generalizado en El Universal ha venido alimentándose de la percepción de que los trabajadores son los únicos que pagan la crisis en que se encuentra sumida el diario, mientras que los ejecutivos no parecen están dispuestos a sacrificar privilegios. Además de los numerosos despidos, los empleados perdieron en el último año y medio el servicio de comedor económico y tuvieron que someterse a un nuevo código de vestimenta dentro de las instalaciones, cuyo incumplimiento se refleja en sanciones y descuentos económicos.
La empresa atraviesa uno de sus peores momentos; sin embargo, empeña millones en un invisible proyecto televisivo llamado Efekto TV, que transmite desde abril en el canal 125 de Cablevisión, sin que el diario reconozca su paternidad. Su única “estrella”, el columnista Salvador García Soto, abandonó el barco a las pocas semanas de haber iniciado el noticiario De buenas a primeras para irse a trabajar a otra empresa.
Por lo pronto, ante la negativa de editores, reporteros, fotógrafos y diseñadores a firmar el “acuerdo” elaborado por la administración del diario, Zepeda Patterson ha dejado entrever que la empresa podría verse obligada a tomar otras medidas. Al tiempo.

Con larga experiencia en el mundo del diseño editorial, Humberto Dijard lanzó recientemente un despacho propio de consultoria y servicios de diseño para medios, particulares, empresas y agrupaciones que necesitan crear o renovar su identidad corporativa, diseñar y echar a andar su sitio web, crear una revista tradicional o electrónica, así como para quienes necesitan del diseño integral de libros, revistas, informes y publicaciones periódicas.
El equipo de Humberto tiene en línea un book con algunos de sus trabajos más importantes y entre los que se incluyen el diseño del diario El Independiente, los rediseños de El Gráfico y el diario veracruzano El Golfo, junto con algunos ejemplos de su trabajo en ilustración, infografía y diseño de dossier para la revista Día Siete, la Sociedad Interamericana de Prensa, la Fundación Rory Peck y el PVEM, entre otros.
En el sitio se puede tener una idea muy clara de la calidad del trabajo de Humberto, y pueden hallarse dos vías de contacto con él.

Antes conocido como Consejo Nacional de la Publicidad, los miembros del hoy llamado Consejo de la Comunicación, cuyo patronato está conformado por 19 de las empresas más influyentes en el país, tienen como objetivo manifiesto incidir en el comportamiento de los mexicanos, de modo que “a la vuelta de 15 años”, las ideas, valores, costumbres y modales aceptables para ese grupo hayan sido adoptados por el grueso de la sociedad.
Desde mediados del sexenio pasado, los creativos del empresariado mexicano lanzaron una campaña en radio, televisión, medios impresos y publicidad exterior denominada “No te calles, alza la voz”, apartentemente enfocada al combate de la corrupción y al fomento de la denuncia y del valor de la honestidad.
Sin embargo, de manera consistente los publicistas han dirigido sus campañas contra los ciudadanos como origen de la transa.

Con un barniz de supuesto llamado a la valentía, hasta hace pocos meses se exhortaba a llamarle a las cosas por su nombre y a decirle, por ejemplo, corrupto al conductor que da mordida o al estudiante que compra una calificación. De ahí pasamos a los profesionistas con título comprado, que originaron inverosímiles anuncios televisivos, dignos de un sketch de comedia, y finalmente al chantaje que pontifica que al comprar un boleto en la reventa o comprar una película pirata usted está alimentando en realidad a un futuro secuestrador o defraudador.
Los creativos del Consejo de la Comunicación no sólo igualan faltas administrativas con delitos de alto impacto; son particularmente escrupulosos en no incluir referencia alguna a autoridades superiores al primer nivel de responsabilidad o a empresarios, criminalizando en cambio la actuación del ciudadano común. Hay en los spots pagados por el empresariado mexicano un cierto tufo clasista y racista, y una urgencia por moralizar a la chusma, dictándole lo bueno y lo malo a partir de absolutos religiosos cuyo cumplimiento para ellos es opcional. El populacho necesita ir a misa, tener conceptos inequívocos de lo que es una familia y que alguien le indique cuándo y hasta cómo convivir con ella.

A inicios de junio, el diario Imagen de Zacatecas denunció por varios medios lo que parecía ser un castigo a su línea editorial por parte del gobierno de Amalia García. Lejos de iniciar un debate de mayor dimensión sobre la asignación inequitativa, arbitraria y poco transparente de publicidad por parte del Estado, la familia Mercado, propietaria del diario, prefirió reducir la cuestión al indigno reclamo de su parte del pastel, dejando claro que 25 por ciento de sus ingresos y la salud de sus finanzas proceden de la publicidad estatal.
Más que garantista, el que el fundador de Imagen, Luis Enrique Mercado, fuera además candidato del PAN a una diputación federal por Zacatecas, hizo que el conflicto se tornara político, vulgar.

La revista Emeequis entró al mismo juego interesado de auditar los pasos de la actual administración. Previo conocimiento de la familia Batres, se lanzó una campaña de denuncia de las veleidades de Amalia García y su hija, la senadora perredista Claudia Corichi García.

Un reportaje irreprochable, publicado en su edición 176 y firmado por Humberto Padgett, revela cómo un grupo de constructores que remodeló sin costo alguno la casa que hoy habitan la gobernadora y su hija, y los cuales habrían gastado 10 millones de pesos en la obra, posteriormente recibieron contratos de obra pública por cerca de 900 millones de pesos. En el texto queda claro que cerrar la llave de los recursos estatales a los medios que no se portan bien, como Imagen, es política corriente en la casa de Gobierno.
Sin embargo, Emeequis parece mirar sólo en la dirección que una de las pandillas del PRD parece indicarle. Algunos ahí dentro han dejado de hacerle gestos a la leche con caca (otros la beben desde hace años) para hacerse amigos del repugnante lechero que hoy pide a los servicios de salud mirar lo mal que se hace el queso en Zacatecas, mientras prefieren ignorar, por ejemplo, los montos económicos que la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal (a cargo de ya saben quien) destina a “medios amigables” a través de algunos de sus programas.
Lo malo de esto es el olor que se percibe desde fuera.

Ramón Alfonso Sallard, director de El Periódico, escribía al inicio de su aventura editorial que no hay proyecto periodístico que dure, si detrás de él no existe un sólido proyecto empresarial. La gran oferta de la nueva publicación consistía en una circulación auditada de un millón de ejemplares semanales gratuitos en la zona metropolitana del Distrito Federal, 5 millones de impactos, además de información y publicidad diferenciada para los cuatro diferentes puntos geográficos de la ciudad.
Sin contar los tres números de prueba editados antes de su salida oficial a las calles, El Periódico desapareció como semario después de 14 ediciones y fue relanzado como diario, el 6 de julio, ya con un costo por ejemplar de dos pesos, en una decisión que el director le endosó a los lectores.
Los cambios más recientes incluyeron la designación de Daniela Pastrana como directora editorial, y la suma de colaboradores como Federico Arreola, quien hoy todavía intenta de darle “sentido comercial” al botadero de resentimiento conocido como El Sendero del Peje.
Notablemente propenso a citar para proyectar una mejor imagen de sí mismo, Sallard usa a Albert Einstein para convencer de que la crisis que atraviesa su proyecto es una bendición. El modelo de negocio de la nueva empresa —hay que decirlo así de simple— no funcionó; la amplia circulación de El Periódico no logró convencer a sus potenciales anunciantes y no se entiende a cuenta de qué la gente querría pagar por una publicación afín a facciones perredistas.
En Zacatecas por ejemplo, es clara la cercanía con la gobernadora Amalia García y la intención de aislar a Ricardo Monreal, quien ya interpuso una denuncia por difamación y calumnia contra la publicación, que apenas en junio calificó al grupo cercano al hoy senador como “cártel”. La viabilidad económica de El Periódico parece estar hoy más que nunca ligada a los grupos a los que sirve.
Insidias de a dos pesos, disfrazadas de periodismo libre.