La "nueva realidad" de Sinaloa

Seis imágenes ocupan, se despliegan y construyen la publicidad gubernamental en el estado de Sinaloa. Cada una representa un vistazo a las zonas hotelera, industrial y portuaria, las carreteras construidas en la actul administración, el Centro de Atención Empresarial y la infancia de la entidad. En uno de los ángulos inferiores aparece el rostro, sonriente, del gobernador Juan S. Millán.
Lo que hoy día llama la atención en los carteles, folletos, espectaculares y anuncios del gobierno estatal es la factura de una frase terca en el discurso del gobernador: “Sinaloa. Una nueva realidad”.
Sin embargo, la “nueva realidad” ofrecida en el discurso de Millán aparecería, el 1 de enero, con todo su peso.
Seis jóvenes entre 19 y 23 años, serían ejecutados a tiros esa mañana, por varios sujetos armados con rifles AK-47, en la colonia Las Quintas, en Culiacán.
Los sicarios asesinaron, de manera instantánea, a cinco de ellos, en tanto que uno más murió cuando era atendido en el servicio de urgencias.
De inmediato, la Procuraduría de Justicia en Sinaloa, calculaba que la ejecución tenía relación con los ajustes de cuentas del narcotráfico.
Dos días después, tres personas, incluyendo un menor, fueron asesinadas mientras terminaban de cenar en un puesto de tacos. La escena, matizada sólo en los detalles, sería la misma: un grupo de individuos descendió de un automóvil, se acercó y disparó 13 tiros con armas .9 milímetros, para después huir en un Jetta negro.
Y la escena, de nuevo, dos días después, el 5 de enero. Dos hombres “levantados” 24 horas antes por un grupo de entre 10 y 12 sujetos armados con pistolas y rifles a bordo de un Sentra gris y una camioneta Durango, fueron encontrados ejecutados y “ensabanados” en Culiacán. Ambos cuerpos estaban tirados, semienvueltos con sábanas, con el rostro cubierto con bolsas de polietileno y un tiro en la cabeza.
Eran sólo los primeros días del año y 16 ejecuciones habían sido cumplidas.
Ignacio Muñoz Orozco, dirigente de la Canaco local, declararía el miércoles que la impunidad y los asesinatos se han convertido en la carta de presentación de Sinaloa.
Y díganlo si no los 500 asesinatos registrados en el 2000, los 63 del último mes o los más de mil durante el encargo del actual gobernador. El problema tiene cumplidos ya tres sexenios y en los dos años que tiene Juan S. Millán al frente del gobierno, no hay ningún signo de que la situación pueda resolverse.
Según Ismael Bojórquez, jefe de información y columnista del diario Noroeste, de Culiacán, “es evidente que han faltado cojones para enfrentar el narcotráfico; es claro que el gobierno estatal se sigue escudando en el hecho de que muchos de los delitos tienen que ver con el orden federal. Y han encontrado en las facultades ajenas un escondite de oro a la hora de que la sociedad les pide cuentas.
“Ahora —añade—, esto tiene que ver con el narcotráfico, efectivamente, pero hay un aspecto que el gobierno desdeña u oculta y es que no hay una persecución efectiva de los delitos.
“No es el narcotráfico como se pretende hacer creer; es la libertad con que un gatillero comete el crimen y luego se marcha seguro de que no va a ser detenido.”
Pero la entidad tendrá que arrastrar, además, el vacío de casi un mes en la Procuraduría, luego de que su titular, Gilberto Higuera Bernal, tomara el encargo como subprocurador de Procedimientos Penales A, en la Procuraduría General de la República.
Por otro lado, están los errores en la designación del nuevo funcionario por parte del Consejo Estatal de Seguridad, el cual entregó una terna al gobernador Millán, conformada por el secretario de Seguridad Pública, Jesús Ramón Castro Atondo, encargado de los operativos de desarme que hasta hoy han sido un fracaso; el subprocurador Óscar Fidel González Mendívil y Carlos Ontiveros Salas, subprocurador general durante la administración de Francisco Labastida.
La opción de Millán, el lunes, sería finalmente por Castro Atondo.
Según, Ismael Bojórquez, del Noroeste, “fue muy evidente que el Consejo estaba muy preocupado porque Castro fuera en la terna. Lo que nosotros pensamos es que hubo línea del gobierno del estado.
“Siento que el consejo, a estas alturas, ya esta perdiendo la batalla y tiene que analizarse, qué es lo que está haciendo.
“El hecho de que ponga a un funcionario que viene de las estructuras del fracaso en la lucha contra la delincuencia y lo ponga ahora como procurador del estado me parece un error garrafal.”
Finalmente, el miércoles pasado, con el voto en contra del PAN y el PRD, el Congreso del estado ratificaría a Castro Atondo como procurador del estado. En la víspera, Óscar Urías Germán, coordinador de la fracción del PRD en la Cámara, consideró una “bofetada” para la sociedad la elección de un funcionario que no ha dado resultados.
De la misma forma, la diputada panista Patricia Bueno cuestionó las declaraciones del hoy procurador estatal, quien en días pasados declaró que si hasta ahora no han podido contra la delincuencia, es porque ésta ha tenido suerte: “No podemos permitirle que se exprese así ante la prensa una persona en la que vamos a depositar la confianza para el combate a la violencia”.
Incluso el propio Óscar Fidel González, como funcionario de la PGJE, proporcionó un dato revelador a media semana: siete de cada diez asesinatos que se cometen en la entidad quedan impunes.
Juan S. Millán viajó a la ciudad de México a principios de la semana anterior para pedir ayuda. El gobernador entregó datos que revelan la existencia de 200 grupos identificados como pertenecientes al crimen organizado, entre los que se encuentran narcotraficantes que operan en la entidad, y reconoció estar alarmado por la situación que vive Sinaloa.
“Lo primero que se piensa aquí -expresa Ismael Bojórquez- es que él ya se da por vencido, reconoce que, solo, es incapaz de resolver el problema de la violencia. Esto se me hace ya un llamado desesperado de Juan Millán.
“Ahora, a mí se me hace muy contradictorio el hecho de que por un lado vaya y pida apoyo a la Federación y, por otro, lo que él puede hacer aquí en Sinaloa, lo haga mal.”
En su reunión con el titular de Gobernación, Santiago Creel; el secretario de Seguridad Pública, Alejandro Gertz Manero, y el procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, Millán arrancó al centro el compromiso de reforzar la lucha contra la delincuencia organizada en Sinaloa. En la entidad, el presidente de la Federación de Abogados, Ezequiel Herrera, juzgó que la situación actual va en demérito de la imagen de desarrollo que se desea promover.
La “nueva realidad” de la administración estatal ha requerido, pues, no sólo el optimismo del gobernador, quien, al tiempo que se confiesa alarmado, se precia de haber conseguido estar por debajo de los 500 homicidios anuales: 499, que es la cifra con que cerró el 2000.
También se ha requerido un presupuesto de 45 millones de pesos para publicidad, solamente en la oficina de comunicación social, cuando hace dos años se manejaban 2.5 millones de pesos.
“Escamotear la realidad —afirma el jefe de información del Noroeste—, la verdadera realidad, no la inventada por los mercachifles que no duermen pensando cómo retocarle la sonrisa al gobernador, para que se vea más optimista en los espectaculares, se convierte en un crimen adicional contra una sociedad cotidianamente agraviada por la violencia.”
Milenio 174, 14 de enero de 2001.

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