Las caras de México en la condena a Castro

Milenio 186, 9 de abril de 2001

En aproximadamente diez días, en la 57 Reunión de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, México asumirá una posición que podría ser en sí misma histórica. Por primera vez, nuestro país podría votar en el pleno de la sesión en favor de una resolución de condena a la situación de derechos humanos en Cuba, la cual no sólo llevaría la relación bilateral a su mayor punto de deterioro, sino que al mismo tiempo pondría sobre la mesa el propio expediente mexicano y la calidad moral de sus autoridades para emitir censuras.
Madrugada de febrero en La Habana. El comandante Fidel Castro se despojaba de su eterno uniforme militar para ponerse un fino traje negro, corbata roja y una impecable camisa blanca. Esa noche, en el Palacio de la Revolución, compartiría la mesa durante siete largas horas con una delegación mexicana proveniente del estado de Zacatecas, encabezada por el gobernador Ricardo Monreal, la cual había llegado hasta ahí para otorgarle el doctorado honoris causa por la Universidad Autónoma del estado.
Castro buscaría ganarse de inmediato a la prensa mexicana, dispensándole todas las atenciones posibles: cena, varias botellas del mejor vino y relatos sobre sus tiempos de batalla y la victoria de la Revolución, las historias con el Che y su paso por México, sus años de estudiante y su formación con los jesuitas.
Apenas unas horas antes, durante la ceremonia formal de encuentro, Fidel había deslizado un par de frases para los presentes: “Cualquier cosita de México nos duele más que si nos la hiciera cualquier otro país del mundo. Mejor pidámoslo así: un gramo de acción de México a favor de Cuba vale más que decenas de toneladas que nos pudieran hacer esos caballeros del norte. Así se ha forjado nuestra amistad”.
Éste era sólo uno de los consistentes esfuerzos del gobierno cubano en busca de mantener el apoyo de México de cara a la reunión de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, Suiza, donde este año, con el apoyo de México, podría triunfar de nueva cuenta la censura a las autoridades de la isla.
Pero para el gobierno de Fidel Castro la alerta comenzó desde el año pasado, cuando el presidente Ernesto Zedillo dio un vuelco radical en su política hacia la isla. Más allá de llevar el volumen de las inversiones mexicanas en Cuba a su nivel más pobre y el distanciamiento de facto entre ambos gobiernos, la posición del gobierno mexicano en Ginebra daría su primer giro. México se abstendría de emitir su voto en la reunión, no sin antes levantar una crítica acre contra el gobierno de Castro: “Cualquier país que forme parte de la Organización de las Naciones Unidas está obligado a honrar sin cortapisas los derechos humanos de sus ciudadanos, incluyendo los que confieren libertades políticas esenciales como el derecho a expresarse sin restricciones y disfrutar de una prensa libre; al derecho a participar libremente en partidos políticos; el derecho a seleccionar a los gobernantes mediante elecciones periódicas, con reglas justas, transparentes y voto secreto; el derecho a disentir de quienes ostentan el poder político sin temor a represalias de ninguna especie”.
El gobierno de Zedillo había tomado la decisión de no censurar, bajo el argumento de que el cambio en la isla no podía darse mediante presiones externas ni por medio de embargos y bloqueos comerciales. Sin embargo, para las autoridades cubanas la abstención constituía un retroceso y de hecho fijaba un cambio en el trato.
La posición de México había sido alentada desde la misma capital del país. Sólo unos días antes de la votación en el pleno, más de 70 intelectuales y personalidades del ámbito político mexicano publicarían una carta dirigida al presidente Zedillo en la que exigían tomar en Ginebra una posición congruente con la defensa y promoción de los derechos fundamentales en Cuba.
El hecho es que una vez pasada la votación, la entonces secretaria de Relaciones Exteriores, Rosario Green, enviaría a cada uno de los firmantes de aquella carta, un comunicado de la dependencia, informándoles el sentido del voto de México, así como el discurso del delegado mexicano en la reunión y una tarjeta personal de saludo.
El voto no sería mas que una expresión del endurecimiento del gobierno mexicano, el cual había tenido dos capítulos anteriores en noviembre de 1999 durante la IX Cumbre Iberoamericana, en La Habana, donde, para empezar, la canciller Green se reuniría con Elizardo Sánchez, presidente de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, y opositor del régimen. Poco después, durante los trabajos de clausura de la cumbre y en la propia casa de Fidel, Zedillo haría la más clara definición del gobierno mexicano sobre la prohibición para la disidencia política, además de un crítica al régimen, al señalar que no puede haber soberanía completa sin una democracia plena, y que no puede haber naciones soberanas sin hombres y mujeres libres.
Así, con todo, el jefe del Estado cubano viajaría a la ciudad de México a la toma de posesión del presidente Vicente Fox, el 1 de diciembre pasado. Castro confiaría en que con el cambio y la llegada de un partido opositor a la Presidencia, las relaciones entre México y Cuba mejorarían sustancialmente.
Pero en los hechos, la inteligencia de aquel país sabía lo que se movía en los círculos políticos e intelectuales mexicanos. La llegada de Jorge G. Castañeda a la Cancillería, de Mariclaire Acosta a la Embajada Especial para los Derechos Humanos y de Adolfo Aguilar Zinser al Consejo de Seguridad Nacional, dejaban ver el perfil de quienes manejarían los asuntos exteriores del gobierno de Vicente Fox. Todos ellos, surgidos de grupos de la izquierda y militantes en su momento de diversas agrupaciones por la democracia, habían dado su aval y su firma, más de una vez, al lado de la de varias personalidades e intelectuales mexicanos que, durante la administración pasada, censuraran reiteradamente el endurecimiento del régimen cubano en materia de derechos humanos.

Pero el papel de los intelectuales jugaría un papel más que determinante en los últimos años. Incluso días antes de dejar la embajada en nuestro país, en julio de 1999, el jefe de la misión diplomática de Cuba, Abelardo Curbelo advertiría y mostraría su preocupación porque un grupo de personalidades, a las que dijo admirar mucho en el campo de la cultura, incluso amigos de Cuba, habían sido víctimas de la desinformación, la manipulación y los prejuicios, al insistir en la inclusión del tema de los derechos humanos en la agenda bilateral de las dos naciones.
Si bien, como candidato de la Alianza por el Cambio, Vicente Fox dejaría claro que México se opondría a las políticas de castigo y bloqueo contra Cuba, no quitaría el énfasis de un hecho fundamental: “Los procesos electorales abiertos, deben ser uno de los canales para la democratización de la isla, sin embargo, no asumimos la intención de proponer vías de solución, simplemente damos nuestro punto de vista acerca de esta situación, las respuestas son exclusivas de Fidel Castro y del gobierno cubano, nosotros respetamos la soberanía de todas las naciones del mundo”.
Ya con Jorge Castañeda en Tlatelolco y Mariclaire Acosta en la Embajada Especial, dentro de la misma Cancillería, el juego de estrategias comenzó. Lo primero fue ofrecer y enviar a la embajada en Cuba al perredista Ricardo Pascoe, quien partiría a La Habana con una idea: “Es el pueblo cubano y sólo el pueblo cubano, quien habrá de determinar el régimen político en el que prefiera vivir”.
Antes de partir, en una entrevista para MILENIO Diario, Pascoe dejaría claro que las puertas de la embajada estaban cerradas para la disidencia: “Mi relación como embajador es trabajar con el gobierno de Cuba y sostener lazos con el Partido Comunista Cubano”. El trato como embajador, subrayaría, será “sólo con el gobierno”.
El escritor Carlos Monsiváis, quien desde México ha apoyado la opción del tránsito democrático en Cuba, hablaría sobre el tema en los primeros días de enero de este año con Edelmiro Castellanos, corresponsal de Radio Martí.
“No veo por qué un embajador tenga que parcializar su trato, ni veo por qué le atribuye de antemano, con esa parcialización, una característica subversiva a los disidentes. Creo que en todo país los disidentes forman parte del sistema legal y que un embajador no tiene ni el derecho ni la posibilidad moral y política de apartarlos de los alcances de su gestión. Pienso que la gestión de un embajador es representar a un país no sólo ante el gobierno, sino ante todas las personas de la nación en donde fija su residencia diplomática. Me parece que esa actitud contradice la tradición mexicana en general y da una idea muy extraña de cuáles son los cometidos de un representante de México. Si un representante de México en Cuba lo es sólo ante el gobierno, estamos viviendo una situación anómala. Los disidentes políticos son ciudadanos cubanos y tienen todo el derecho a ser recibidos y tratados por el embajador”.
Dos hechos más harían patente la inquietud y el nerviosismo de los últimos días. El anuncio de que el gobierno argentino encabezado por Fernando de la Rúa apoyaría con su voto la condena a la política de derechos humanos en la isla, aunque manifestaría sus diferencias con el embargo económico establecido por Estados Unidos, llevaría a Fidel a sugerir que el voto argentino era una respuesta al apoyo financiero internacional que ese país recibió en diciembre pasado por intermediación de Washington. “Argentina lame la bota de los yanquis”, diría el comandante Castro.
Por esos días de enero, el entendimiento con la embajada mexicana no tenía referente: en menos de cinco días, el embajador Pascoe y Fidel Castro sostendrían tres reuniones. Comenzaba a hablarse de la incorporación de Cuba al pacto petrolero de San José, en el que México y Venezuela venden petróleo a precios preferenciales a naciones amigas. En el encuentro se ultimaron detalles, incluso para que el presidente Vicente Fox realizara una gira por ese país antes de terminar el primer trimestre del año. Como muestra de buena voluntad, Fidel le entregaría una caja de puros especiales para el presidente mexicano.
El último día del mes, vía fax, una carta sería recibida en la embajada con una amenaza: “Jorge G. Castañeda (canciller de México) y su kamarada embajador (Ricardo Pascoe) en La Habana parecen muy confundidos en relación con la política a seguir con Cuba. Para aclararlos, ya estamos en La Habana, Nazario y Alpha. No se me ponga nervioso, hombre, usted también recibirá nuestra visita. Con afecto. Adrián”.
Veinte días después, el gobierno aseguraría a Elizardo San Pedro Marín, como presunto responsable y miembro del grupo anticastrista Alpha 66, lidereado por Andrés Nazario Sargent. La versión oficial explicaría que San Pedro había mandado la amenaza velada desde un fax público. La incongruencia de la versión era de lo más elemental: el gobierno cubano mantiene aún control sobre los faxes públicos; en todo caso, el haber permitido la transmisión de ese documento habría sido un error sólo atribuible a la falta de cuidado.

Empero, la posición mexicana sobre Cuba, en Ginebra, podría estar más que decidida, basados en un principio: el interés y la prisa de México por limpiar su propia imagen antes de establecer condenas en el mismo sentido. A partir de esto, el gobierno mexicano habría comenzado a operar soluciones, sobre todo en el caso de los presos de conciencia y la revisión de capítulos como el 2 de Octubre de 1968, las matanzas de Acteal, El Charco y Aguas Blancas.
Los hechos están ahí. El coronel Pablo Castellanos García, un oficial de inteligencia acusado de revelar secretos castrenses, fue exonerado por la justicia militar, dos días antes de que Vicente Fox asumiera la Presidencia de la República. Más tarde, Hildegardo Bacilio Gómez, teniente coronel del Ejército Mexicano, recibió el indulto de la justicia militar por instrucción del presidente Fox y fue liberado del penal de Loma Atravesada, en Sinaloa, el pasado 19 de enero. Bacilio permanecía encarcelado desde diciembre de 1998, tras encabezar una protesta de 60 elementos del ejército por calles de la ciudad de México. Días antes, otros siete militares confinados con él recibirían también su libertad.
En perspectiva, sólo faltaría la liberación del general Francisco Gallardo, preso en el penal de Neza Bordo por su propuesta de un ombudsman militar, la cual, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), fue el detonador para echar a andar la campaña de acoso, persecución y detención en su contra. El acatamiento de la recomendación de ese organismo y la excarcelación del general, por parte del gobierno federal, se cree cercana.
Por supuesto, a esto se sumaría la liberación de 84 indígenas zapatistas, en Chiapas, y la instrucción del presidente Fox, el pasado 20 de marzo, para que sean liberados todos los presos del orden federal por el conflicto.
El caso de los ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, presos por razones políticas en el Cereso de Iguala y condenados a seis y diez años de cárcel, respectivamente, también se encuentra en proceso de revisión a petición de organismos internacionales, entre los que se encuentra Amnistía Internacional o Greenpeace.
Asimismo, se ha anunciado ya que representantes de 81 organizaciones no gubernamentales (ONG) agrupados en la red nacional Todos los Derechos para Todos, sostendrán encuentros con el gobierno federal, a partir de la segunda quincena de mayo, en busca de redefinir la política institucional en materia de derechos humanos.
Y una más. El canciller Jorge Castañeda anunciaría hace un par de semanas que el gobierno mexicano hará una invitación al Alto Comisionado de Naciones Unidas para que establezca una oficina permanente en nuestro país, invitación que hizo extensiva, de manera permanente, a los representantes de mecanismos internacionales de derechos humanos. De igual manera, dio a conocer el compromiso de México para sumarse “a los tratados en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario de los que aún no es parte” y a “retirar las reservas en otros”.
Castañeda ha sido terminante: México decidirá su voto en Ginebra, dependiendo de la redacción del documento que se ponga a discusión. También ha sido claro en otro aspecto.
—¿Esto no puede traer complicaciones en la relación entre México y Cuba?
—No lo sé. No me preocupa mayormente —dijo apenas el pasado 25 de marzo.
Lo cierto es que grupos como La Otra Cuba, interesados en lo que salga de la votación en la reunión, no sólo han tenido contacto con la Cancillería, sino que se habrían reunido un par de veces con la embajadora Mariclaire Acosta, días antes de su viaje a Ginebra.
La Fundación Nacional Cubano Americana habría cabildeado no sólo con México, sino con varios gobiernos latinoamericanos en vistas a la votación.
Cierto es también que la visita de Vicente Fox, programada para antes de finalizado marzo, se ha aplazado indefinidamente.
Mientras, Cuba busca intensamente obtener al menos una abstención de México, en los próximos días podría salir a la luz un documento promovido por el periodista cubano Edelmiro Castellanos y firmado por decenas de personalidades mexicanas que advierten al presidente de la República sobre las sistemáticas violaciones a las garantías individuales en la isla, y en la cual piden el voto de México contra el gobierno cubano, en la reunión de Ginebra.
Dicha carta, filtrada al diario Reforma la semana anterior, incluiría más de 80 firmas y constituiría el esfuerzo más importante de un grupo de académicos, artistas y luchadores por los derechos humanos, por empujar el cambio en la isla, antes de la votación.
El nuevo embajador de Cuba en México, Jorge Bolaños, pidió al presidente Vicente Fox el apoyo en la sesión de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. No logró arrancarle nada.
“Estamos estudiando eso y vamos a tratar de tomar una posición buena. Yo creo que aquí todo lo que podamos tener de información, todo lo que podamos conocer de cómo se ha superado ese asunto allá (en Cuba), nos da argumentos, nos da ideas para tomar posiciones más claras”, respondería el presidente mexicano.
Los momentos más difíciles aún estarían por venir.

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