En los sótanos de Migración

Milenio 195, 11 de junio de 2001
Hacinados en un espacio ideado para 140 personas, más de 470 indocumentados sobreviven en la estación migratoria de Iztapalapa. Lo hacen durante semanas, a la espera de ser liberados o deportados a sus lugares de origen, tragando por la fuerza alimentos incomibles y durmiendo en el piso. Todos ellos son rehenes de guardias sin nombre que medran a partir de la ignorancia de quien cae en el lugar, y de funcionarios, cómplices indirectos, que no informan absolutamente nada.
Arnel Labrador Águila y María Faustina (Fanny) González abandonaron la isla de Cuba en febrero pasado. Lograron llegar a la ciudad de México como ilegales y trasladarse después a Monterrey, como uno de sus últimos pasos a Estados Unidos. Confiados en la Ley de Ajuste Cubano, que le concede a quienes huyen de la isla el derecho de permanecer en territorio estadunidense por el sólo hecho de entrar en él, llegaron hasta un puesto de control en Laredo donde expusieron su situación y donde medianamente se les orientó. Ninguno de los dos sabía inglés, de modo que lo único que se les entregó fue una forma que debían llenar, mientras se les advertía que por lo pronto no podían quedarse, tenían que volver por la frontera y regresar cuando la forma estuviese correctamente llena. Los guardias del puesto fronterizo prácticamente los pusieron en manos de las autoridades migratorias mexicanas.
El Instituto Nacional de Migración (INM) se hizo cargo de ellos de inmediato. El personal de la delegación Tamaulipas los mantuvo dos días detenidos en Nuevo Laredo, durmiendo en el suelo, antes de trasladarlos a la estación del instituto en Iztapalapa, en la ciudad de México. Arnel viajaría esposado durante todo el trayecto, con un guardia que apenas le daba espacio. Incluso cuando debía ir al baño, una de las manos le era sujetada a la baranda de la ventanilla.
Ya en la estación migratoria, los cubanos fueron separados. La requisa de ropa, papeles y valores comenzó; todo había de pasar al guardarropa.
Arnel fue ingresado a la estación y llevado al patio. Ahí se mantuvo parado desde las siete de la mañana, mirando las ventanas que dan a las celdas, las paredes de ladrillo, la alambrada que se levanta por toda la periferia de las instalaciones. Dos horas después, las primeras señales de vida, los primeros hombres detenidos ahí que salían a llenar la cancha de basquetbol de la estación, para estirarse y desentumecerse. Y es que para los venidos de lugares cálidos, aun en primavera, la madrugada de la ciudad de México es fría, por eso se les ve salir frotándose las manos, soplando dentro de ellas. De inmediato varios ubican al nuevo. ¿Quién eres?, ¿de dónde vienes?, son las primeras preguntas.
Ya adentro, la vida se trastorna. Las celdas que apenas tienen dos o tres literas, albergan hasta cuatro veces más personas. Los pasillos se llenan de cientos de centroamericanos, tirados uno al lado de otro en un forzado campamento, mientras los que intentan caminar para alcanzar su celda deben pasar prácticamente por encima de los otros. Y es que hasta en eso se nota el trato: un guatemalteco, un salvadoreño, un nicaragüense vale menos que un cubano o un chileno, y rara vez se le verá ocupar ya no digamos una litera, sino un dormitorio.
Cobijas hay. Insuficientes en número para la cantidad de personas. Cuando uno abandona la estación migratoria, otros se quedan con ellas; van rotando y son heredadas de uno a otro. Lo grave de esta solidaridad aquí, es que el que no tiene condiciones para bañarse no se baña. Hay gente con hongos en la piel y en los pies; la misma colchoneta es usada una y otra vez. Por la noche, en el hacinamiento, el olor a mugre y sudor es inaguantable. Quizá sea por eso que los oficiales entran con tapabocas, pues no soportan la peste.
Para el comisionado del INM, Felipe de Jesús Preciado, el hecho no es desconocido. Apenas en los últimos días de marzo en un recorrido por el lugar, supo de las cifras y de las condiciones en la estación migratoria, de las cuales aseguraría, no son “para nada, las que requiere un ser humano”. Y además está el problema del sobrecupo, el hecho de que más de 470 personas sobrevivan en un espacio destinado para 140, o que 352 hombres convivan donde debían hacerlo no más de 90.
Arnel cuenta la historia. Fanny asiente o agrega detalles a la versión, aunque cada una de las alas de esta estación migratoria -femenil y varonil- tiene sus propias escenas.
Para los familiares de quienes se encuentran “asegurados” en aquel lugar, hay restricciones en el pase de alimentos, tabaco y bebidas. Ni pensar en agua embotellada en una cantidad más o menos razonable, ni hablar, pues, de pasar más de dos o tres botellas para alguien detenido ahí. Ésas se venden dentro y permitir su ingreso sería competencia desleal. Los precios alcanzan los 30 pesos por una botella de agua; 25 por una botella mediana de Coca cola, y 50 pesos por una grande. Por otro lado, está el asunto de las llamadas telefónicas desde adentro: no hay teléfonos gratuitos y rara vez se permite hacer llamadas por cobrar. Para eso hay vendimia de tarjetas Ladatel de 50 y 100, que alcanzan un valor de 70 y 140 pesos, respectivamente.
Oficialmente, se dice que en la estación predominan los ecuatorianos. Éstos, dice Arnel Labrador, parecen llegar con mucha hambre y en ocasiones son los únicos en probar la comida -a veces insuficiente-, que ahí se da.
Asimismo, de acuerdo con un informe elaborado en octubre pasado por la organización no gubernamental Sin Fronteras, en el que se recoge el testimonio de 25 migrantes asegurados, se afirma que la comida es de “mala calidad” en su mayoría, en tanto que quien ingresa a las instalaciones fuera de los horarios establecidos, simplemente no come.
Según el testimonio de un indocumentado, su detención se realizó aproximadamente a las 9:00, por parte de efectivos de la Policía Judicial Federal. Su llegada a la estación migratoria en la ciudad de México se dio después de las 18:00. Sin embargo, durante su estancia en las oficinas de la Procuraduría General de la República no recibió alimentos. Para colmo, como su entrada a las instalaciones de la estación fue posterior a la hora de la cena, ya no pudo probar nada; el comedor abría hasta la mañana siguiente.
En los lineamientos de operación de la estación migratoria existe, o por lo menos existía hasta septiembre pasado, una disposición que establecía que en el área destinada al dormitorio femenil, el personal encargado de la seguridad, vigilancia y custodia, debe ser exclusivamente femenino. Pero las historias son otras.
Los guardias entran en las instalaciones que supuestamente les están restringidas y abordan a las mujeres detenidas. Muchos de ellos logran citas forzadas para salir a tomar una cerveza. A quienes se niegan a las invitaciones, se les bloquea, se les restringe el tiempo de visita.
De vuelta, los guardias alardean de sus conquistas en el pabellón masculino. Dado que los grupos familiares se mantienen separados durante su detención, cualquier versión puede llegar a los oídos de las parejas de esa ala, lo que invariablemente tensa el ambiente ahí dentro.
Pero nadie sabe bien sobre quién puede pedir una explicación o contra quién puede presentar una queja. Los oficiales del INM traen una chapa con su nombre, pero acá entran sin ella o simplemente se la voltean.
Y así se teje la red de complicidades. Cualquier guardia puede acercarse a los asegurados y soltar, como si nada, que él tiene forma para acelerar la salida de la estación con números celulares y nombres de “licenciados” que realizan gestiones ante las autoridades. “Yo te puedo dar el nombre y el teléfono de un abogado que te saca de aquí, pero, ¿cuánto me vas a dar por pasarte el nombre?”, dice uno de ellos. En realidad, la pregunta no es común; el dato generalmente se vende por cien dólares, según cuentan los cubanos.
Así llegaría a Arnel el teléfono de “Alejandro”, uno de esos licenciados que dice tener la doble cualidad de vender la ayuda del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR), así como de obtener la cooperación de sus relaciones y contactos en el INM.
De acuerdo con una grabación obtenida por MILENIO Semanal en la que se escucha la negociación de este hombre con los familiares de Arnel Labrador, el trato se establece así: la ayuda de ACNUR por dos mil dólares y la del INM por cuatro mil 500, por persona. La mitad primero, la mitad después. El depósito se haría por medio de la empresa Western Union.
De esta forma, cientos de migrantes son defraudados al año. Entre tres mil y cuatro mil dólares entregan por salir deportados del país, por supuesto, sin devolución posible.
A esto se suma que el trabajo de cobrar giros y envíos de dinero despachados a los migrantes menos desafortunados por sus familiares, corresponde también, en muchos casos, a los guardias, quienes cobran una parte por el “favor” con cien o 200 pesos.
Pero al parecer, otra vez, el fenómeno no es un secreto para las autoridades federales. De acuerdo con el documento Diagnóstico y percepción que la dependencia tiene sobre el fenómeno de la corrupción dentro de las instituciones, elaborado para consumo interno de las dependencias de la Secretaría de Gobernación, se tiene muy clara la existencia de “personal inadecuado en el servicio migratorio, potencialmente proclive a actos de corrupción”.
También, se establece que en el INM “se manifiesta una pertinente selección de funcionarios públicos, sujeta a la complicidad, que genera el abuso, la discrecionalidad, falta de transparencia y corrupción”. Se afirma, además, que esto “inhibe la iniciativa de los funcionarios honestos que se rigen por los principios de legalidad, honradez, imparcialidad y eficiencia, en el desempeño de sus funciones”.
Por tanto, advierte el diagnóstico, “se lesiona gravemente la confianza que la sociedad y los extranjeros depositan en la institución, debilitándola y afectándola en el exterior”.
Arnel Labrador y María Faustina González buscaron la protección en ACNUR para ganar tiempo en su caso. Su salida de Cuba se había dado en situaciones poco favorables como para aceptar la deportación. “De regresar seríamos víctimas de las represalias que acostumbran tomar en contra de las personas que desean romper vínculos políticos o laborales con los organismos oficiales (…) cuando menos quedaríamos disminuidos en nuestros derechos laborales y sociales”, establecían en una carta.
Luego de la evaluación, la oficina regional de ACNUR consideró que los elementos para reconocerlos como refugiados eran insuficientes.
La pareja estuvo en la estación migratoria desde los primeros días de marzo hasta inicios de mayo. Durante ese tiempo, ninguno de los dos tuvo claridad sobre su situación jurídica, las certezas se construyen sólo por rumores; amenazas acerca de volver esposado al país de donde se huyó o pasar diez años detenido en México por violar las leyes migratorias.
Y es que según el informe de Sin Fronteras, rara vez se les explica a los detenidos cuál es el procedimiento a seguir para su liberación o para regresar a su lugar de origen. Por supuesto, los vacíos de información abren el espacio para la extorsión.
Al final, la salida de estos cubanos no costaría más de cinco mil pesos de multa y otros cinco mil de fianza. El hecho es que la versión desmiente una y otra vez la realidad cotidiana en la estación migratoria: el asegurado vive sus días en la más completa inopia, pues nunca es informado de sus derechos y de las reglas de convivencia, como supuestamente debía suceder. Los analfabetas y los asegurados que no hablan español, parten, por consecuencia, de bajo cero.
El caso de los abusos es más que cotidiano. Empero, las condiciones cambian y son rápidamente transformadas cuando aparecen cámaras o grupos de derechos humanos, quienes no tienen oportunidad de ver las huelgas de detenidos por problemas elementales como la carencia de agua potable o los chicharrones incomibles que se sirvieron en un agua turbia durante la comida de ayer.
Después de estas escenas, después de este “no entraremos a los dormitorios hasta que no nos den agua limpia” y “no comeremos hasta que cambien la comida o se arregle nuestra situación”, aparecen autoridades como Jesús Dueñas, jefe del Departamento Técnico Operativo, a quien se trató de localizar sin éxito en la estación migratoria.
Pero ése es el funcionario conciliador. Según narra Labrador, entre los detenidos había un hombre, particularmente violento, de la isla de Martinica y que fue llevado al servicio siquiátrico. Al ser devuelto a la estación migratoria, debió hacerlo con ropa de hospital. No se le quiso dar su ropa, pues se argumentaba que el cuidado de ésta era responsabilidad “de los del otro turno”. En inglés, el martiniqués protestaba a gritos en la zona de tránsito. Muchos se encontraban en la zona de teléfonos desde donde vieron el inicio del conflicto: observaron acercarse a Dueñas y retar al negro, levantándole la cara con una macana en el mentón. De inmediato, las llamadas terminaron, los que estaban presentes fueron retirados y replegados a la zona de dormitorios. Nadie vería lo que siguió…
Conforme al discurso oficial, las cosas parecen haber cambiado mucho. Apenas en mayo del año pasado, luego de un motín encabezado por 14 extranjeros quienes incendiaron colchonetas, desprendieron lavabos y hasta tiraron una pared, José Angel Pescador Osuna, entonces subsecretario de Población y de Servicios Migratorios; el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Alejandro Carrillo Castro, y la coordinadora de Control y Verificación Migratoria, Irma García Andrade, aparecerían en la estación migratoria para hacer un recorrido por ella, bajo la guía del jefe de la estación, mayor Gilberto Palmerín.
Según la versión, los funcionarios dialogaron con extranjeros asegurados, quienes dejaron constancia en sus comentarios, de que tanto hombres como mujeres y menores de edad que se encontraban en dichas instalaciones, recibían “trato humano y digno por parte del personal de seguridad y administrativo”.
Las cosas, pues, estarían cambiando.

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