Contrainsurgencia en Oaxaca: el proyecto y los entregadores

Las estrategias y métodos para obtener información y combatir a los grupos insurgentes en México son diversos; sus ejecutores, también. Sin embargo, en el caso particular del combate al Ejército Popular Revolucionario (EPR) en Oaxaca, el gobierno estatal tuvo ante sí dos caminos posibles para resolver el escenario de violencia armada.
Por un lado, un plan de acción elaborado por quienes conocían la entraña de la guerrilla de los setenta, operado desde el Centro de Estudios Gubernamentales (CEG) de ese estado, un organismo dependiente de la Secretaría de Gobierno, creado como reacción a la aparición del EPR. El proyecto se plantearía una tarea específica: “contrarrestar la acción desestabilizadora” del EPR.
Por otro lado, una opción más redituable en términos de resultados concretos y observables, provenía de las propias comunidades, de la actuación de pistoleros a sueldo de los caciques de la región, en coordinación con los cuerpos de seguridad pública del estado, que permitieron en poco tiempo poner en los penales de la capital, Pochutla, Etla y Almoloya de Juárez a varios presuntos eperristas.
Así, pues, el documento denominado Oaxaca, el conflicto y el proyecto trazaba tres líneas estratégicas, cuya explicación ocupa todo el cuarto apartado, en las cuales se asume que el primer reto para contrarrestar al EPR es impedir que éste tenga o amplíe su base social de apoyo, lo que le permitiría abandonar su etapa como grupo sólo de autodefensa y comenzar el combate de guerrillas.
Su orientación, se insiste, es de carácter medularmente político y tiene un objetivo muy claro: “Esta confrontación será ganada por quien obtenga el reconocimiento y apoyo de la sociedad, en una dimensión igual a la descalificación y aislamiento sociales que reciba el adversario”.
La estrategia, pues, tendría como imperativo ampliar la base popular del gobierno, lo que incluiría tareas para devolver coherencia y credibilidad a las autoridades; reducir la base social del adversario, es decir la del EPR, y desmontar su capacidad desestabilizadora. Cada línea de acción implicaba la realización de acciones tácticas, políticas y tareas de inteligencia. ¿Cuál era, entonces, la recomendación para el gobierno? Simple. El uso con fines pragmáticos del gasto social, lo mismo que de la relación del gobierno con la población, el “acoso” a difamadores y la infiltración de la organización de manera encubierta.
Empero, otra batalla soterrada, dada sobre todo en la Sierra Sur, se mantuvo activa durante los más de cuatro años de existencia pública del EPR, gracias a su eficacia en términos de los resultados que cada incursión arrojaba. La contrainsurgencia gubernamental, tarea realizada fundamentalmente por el ejército en la zona de influencia de la guerrilla en Oaxaca y Guerrero, se llevó a cabo mediante acoso, detenciones arbitrarias, ejecuciones y desapariciones forzadas, desatadas por “chivatos”.
Si el proyecto contrainsurgente elaborado desde el CEG de Oaxaca se planteaba la reducción de la base social del adversario mediante acciones políticas y tareas de inteligencia, los elementos de seguridad en el estado comenzaron a realizarlo en complicidad con Los entregadores, un grupo de paramilitares a sueldo de los caciques, cuya labor más importante es la delación. Con el rostro cubierto con un pasamontañas blanco, Los entregadores van identificando a los presuntos eperristas entre el pueblo y las comunidades, acompañan a los judiciales a sus casas o a su milpa, participan en las acciones cumpliendo con la tortura, el asesinato, la violación a mujeres y las detenciones arbitrarias.
Una de las regiones donde la actividad del grupo paramilitar se ha extendido es la de Los Loxichas, fundamentalmente poblada por indígenas zapotecos y una de las zonas de mayor miseria no sólo en el estado, sino en el país. Esto tiene una explicación.
El 28 de agosto de 1996, el EPR lanzó su primer ataque contra Tlaxiaco, Huatulco y Oaxaca. El ejército, las corporaciones policíacas y de inteligencia lograron determinar que uno de los eperristas que cayeron en el enfrentamiento, la madrugada del día 29, frente a la Policía Municipal de Santa María Huatulco, en la Crucesita, correspondía con las características del regidor de San Agustín Loxicha, Fidel Martínez Martínez.
Desde entonces, Los Loxichas vieron incursiones en la zona sin precedente en muchos años. Hacia finales de 1997, las autoridades habían realizado más de 300 operativos que incluyeron el ejecutado por unos 600 efectivos de las fuerzas de seguridad y el ejército, para detener a las autoridades de San Agustín, encabezadas por el presidente municipal, Agustín Luna Valencia, y 12 integrantes del cabildo municipal, por su supuesta vinculación con el EPR. El número de detenciones fue tal que el 24 de febrero de ese año, la Legislatura del estado aprobó la desaparición de poderes en la comunidad, por “falta absoluta de la mayoría de sus integrantes”.
Ante el vacío, el gobierno estatal apoyaría una elección según “usos y costumbres” de la comunidad, con la ausencia de un buen número de supuestos eperristas presos, lo que facilitó la llegada al ayuntamiento de Lucio Vásquez Ramírez, ex policía judicial del estado y señalado como la cabeza de Los entregadores.
Vásquez ha sido señalado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, además de tener en su haber un par de averiguaciones previas en la Costa y en Oaxaca. El número de asesinatos en las operaciones de la Judicial y en posteriores torturas se cuenta ya en 40, no obstante el edil continúa en su puesto. El propio EPR ha citado en su boletín informativo algunos casos de campesinos detenidos por la denuncia de Los entregadores, y muertos durante interrogatorios.
Pero quien crea que la crueldad de las acciones fueron privativas de los primeros meses de existencia del EPR, se equivoca.
La Red Oaxaqueña de Derechos Humanos (RODH) asegura que el grupo paramilitar se ha consolidado y sigue participando en las ejecuciones. Sus miembros realizan patrullajes en la zona, principalmente durante las noches, lo que propicia que, por temor, las personas se internen en la montaña para dormir. El organismo anota que otra de las acciones de dicho grupo es el control de la población e inteligencia. “Dentro de los hechos de este año constatamos la coordinación entre entregadores, policía y Ejército Mexicano”, asegura en su informe del 2000.
El plan contrainsurgente diseñado por el CEG oaxaqueño distaría mucho de ser puesto en operación, al menos en los términos que el documento establecía. Entre algunas de las acciones que sus autores sugerían al gobierno para el éxito de la estrategia, estaba el uso político de los cercos sanitarios en regiones prioritarias, lo que permitiría tener el control para desmontar bases, coberturas y redes de abastecimiento; coptar y neutralizar a sus aliados, así como infiltrar a la organización mediante acciones encubiertas.
El Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP registra, empero, una diferencia radical en el procedimiento. En marzo de 1997, en distintas comunidades de la zona de Los Loxichas, elementos del ejército comenzaron una campaña de “servicio social”, durante la cual se fotografió y videograbó a personas y casas. Posteriormente se supo de incursiones militares y de policías judiciales que buscaban a los dirigentes comunitarios para que respondieran por su presunta vinculación al grupo armado.
La sistematicidad que implica el El proyecto, como se le conoce en forma sintetizada a todo el documento, se ha llevado a cabo en otro nivel. De acuerdo con datos del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, las prácticas sistemáticas se dan en las operaciones llevadas a cabo por el Ejército Mexicano en las comunidades guerrerenses y oaxaqueñas: se sitian las comunidades, los efectivos disparan sin justificación, realizan cateos fuera de su competencia en los que generalmente suelen robarse diversos objetos propiedad de los habitantes, detienen e incomunican a civiles de las comunidades y después los sujetan a interrogatorios ilegales que generalmente van acompañados de golpes y diversos tipos de tortura física y sicológica.
El elemento que permite obtener información, en muchos casos, se basa en la “persuasión” de los interrogatorios a civiles detenidos, realizados en buena medida en instalaciones militares, a través de los cuales se crea de manera informal una red de informadores gratuitos para el Estado.
Llama la atención, en ese contexto, que el que ha sido considerado uno de los documentos contrainsurgentes más acabados, incurra en la negación de que el estado de derecho está quebrantado en buena parte de la región donde opera la guerrilla. Sus artífices aseguran que el señalamiento es “incomprobable e insostenible”, pero muy útil para despertar indignación contra el gobierno y simpatía hacia los denunciantes de “una guerra sucia inexistente”.
Lo cierto es que el patrón se ha dado en un sentido diametralmente opuesto al presentado en papel al gobierno de Oaxaca. La opción policiaco-militar ha prevalecido después de cinco años. El acoso a los presuntos “difamadores” que establece el proyecto se ha dado tanto contra grupos de derechos humanos (el 25 de enero de 1998, Diódoro Carrasco aseguró ante la agencia EFE que la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos era una organización del EPR, y que respondía a sus intereses), lo mismo que contra periodistas, como en el caso de Víctor Ruiz Arrazola, corresponsal del diario La Jornada y la agencia AFP, quien recibió el acoso y la intimidación de agentes policiacos, además de la intercepción de sus llamadas telefónicas.
La red clandestina de información opera, así, con manos libres y sin la responsabilidad que supone hacerlo desde el poder establecido. Trabaja moviéndose en la oscuridad, con métodos no escritos.
La estrategia para encapsular al EPR
Fechado el 3 de enero de 1997, el documento Oaxaca, el conflicto y el proyecto, en poder de estos reporteros, fue el primer intento del gobierno de Diódoro Carrasco por trazar una estrategia y sistematizar las acciones que el gobierno de ese estado habría de poner en práctica con el objetivo de aislar al EPR.
Sintetizada en ocho capítulos, la propuesta que se habría hecho a Carrasco era disputarle el consenso social a la guerrilla, no buscar su aniquilamiento, sino su confinamiento. Los artífices de la estrategia aseguran que no es posible exterminar la opción de una guerra popular prolongada propuesta por los grupos como el EPR, pero sí puede imponérsele “la retirada” y lograr su “encapsulamiento”.
El documento describe los antecedentes teóricos y organizativos del EPR, realiza una crítica de su propuesta de país y de sus pronunciamientos teóricos. La parte nodal del texto lo constituyen las tres líneas estratégicas que permitirían al gobierno arrinconar otra vez a la guerrilla.
En su capítulo uno, “El Conflicto”, el documento parte de un hecho: la reaparición en México de la violencia revolucionaria, luego de 20 años de aparente calma, con la aparición del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Se reconocen dos cualidades a éste: primero, el grupo encarna en sí una metamorfosis de la guerrilla en comparación con los grupos de los setenta; y segundo, “confirmó que el exterminio militar de la insurrección es imposible y que, además, intentarlo tiene un alto costo político para el gobierno”.
A partir del fenómeno chiapaneco, donde la guerrilla aceptó el diálogo como alternativa, se plantea el peligro que implica la aparición en el escenario nacional del EPR, organización cuya estrategia político-militar maoísta denominada “guerra popular prolongada”.
Pero el tercer capítulo, denominado “El Proyecto”, recomienda descartar las acciones de fuerza como método prioritario contra la guerrilla. A cambio, se propone privilegiar las acciones de inteligencia que reforzarían el trabajo político desarrollado paralelamente.
El programa político del grupo guerrillero es visto por los encargados del análisis como uno de sus puntos más debiles. Éste, se afirma, “parte de un diagnóstico general cuyas conclusiones ya están preelaboradas y de un enfoque apocalíptico que menosprecia los logros de la estrategia gubernamental”. No sólo se realizan observaciones respecto a los “vacíos” de las propuestas del grupo armado, sino que sus planteamientos, se dice, denotan indefinición y pobreza teóricas. (En coautoría con Ana Lilia Pérez)
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