Periodistas mexicanos, en la indefensión laboral

Zócalo 106, diciembre de 2008
Bajos salarios, largas jornadas de trabajo, nula o pobre atención al retiro digno de periodistas, despidos masivos, multiplicación de tareas bajo el modelo multimedia en perjuicio de la calidad de la información han venido convirtiéndose en la constante en el panorama laboral de los medios de comunicación en México.
No es que las organizaciones dedicadas a vigilar la situación de los periodistas hayan perdido terreno, es que nunca las hubo. Ese es el sentido del reporte Breve panorama laboral y sindical de las y los periodistas en México, de la Federación Internacional de Periodistas (FIP).
Hasta marzo de 2007, en la Ciudad de México —dice el organismo— circulaban 735 diarios, semanarios y publicaciones periódicas, pero en comparación con la televisión, los ingresos de la prensa escrita se antojan insignificantes, pues sus ingresos anuales (9 mil 850 millones de pesos) representan apenas la cuarta parte que la televisión. De ese monto, 7 mil millones provienen de la venta de publicidad (sobre todo gubernamental).
De 1994 a la fecha, el tiraje y circulación de diarios ha caído de manera visible y dado que los ingresos propios por ventas significan apenas un reducido porcentaje, esto se traduce en lo económico en una dependencia casi absoluta de la publicidad gubernamental y privada. El panorama es peor cuando se mira más de cerca porque si bien puede presumirse la existencia de 26 periódicos nacionales, sólo tres empresas (Grupo Reforma, El Universal y Organización Editorial Mexicana) concentran la mayor parte de los ingresos por publicidad.
A los periodistas de radio no les va mejor, porque ese medio captó sólo 12 de cada 100 pesos de la publicidad, entre 1998 y 2005, debido más que nada a la audiencia que genera la programación musical. Esto nos conduce a un panorama de evidente inequidad en dos sentidos: la concentración de ingresos en un puñado de empresas de comunicación pone a otras en condición de ofrecer condiciones desfavorables al contratar reporteros, redactores, editores y fotógrafos. Al interior de cada redacción hay directivos que pueden sumar ingresos por 300 mil pesos mensuales y, en contraste, reporteros, redactores y fotógrafos con ingresos de mil 500 pesos mensuales.

Los eternos sacrificados
En un escenario de restricciones económicas, no sorprende que los primeros sacrificados sean los trabajadores; para ahorrar, no se duda en tomar acciones en detrimento de las condiciones laborales. Hoy se pugna por una legislación de medios en busca de normar su relación con los poderes públicos, pero nadie levanta la voz por garantizar al interior de las empresas condiciones justas y dignas para los periodistas. Es obvio, como explica el documento de la FIP, que nadie está dispuesto a contravenir a su medio ni recurrir a la ley si está de por medio su empleo. Esa es la realidad.
Actualmente, consigna el reporte, la mayoría de los periodistas son contratados de manera verbal o por honorarios, no reciben prestaciones legales ni seguridad social; aun los medios nacionales de más prestigio incluyen como requisito la prueba de embarazo y de VIH a quien desea contratarse con ellos. Las empresas exigen de su equipo una jornada generalmente de más de diez horas, pero no se acostumbra el pago de horas extras, días festivos ni prima dominical.
La falta de compromiso para con los reporteros, por ejemplo, obliga a éstos a colaborar al mismo tiempo con otros medios, consiguen empleos en el gobierno local o aceptan “compensaciones” de autoridades; esto, sin contar que en algunas regiones del país los periodistas han empezado a trabajar para los cárteles de la droga.
El caso de los jóvenes egresados que llegan a ocupar las vacantes tiene tintes similares, pues ante la escasez de trabajo y el número de egresados de las escuelas de comunicación, éstos se ven obligados a trabajar gratis, a prueba, durante meses o años para ganarse un lugar. Ni qué decir del trabajo freelance, en el cual el periodista asume todo el riesgo de su actividad —aunque de acuerdo con la Fundación Rory Peck la mitad de estos periodistas han sido amenazados por funcionarios públicos y policiales, traficantes de personas, grupos paramilitares y guerrilleros, organizaciones religiosas y movimientos sociales—, es contratado de manera verbal, sin nada que acredite los términos como se le pagará por su trabajo, del cual además debe ceder los derechos de publicación a la empresa que asume la propiedad intelectual.
Otro problema que no escapa a la realidad cotidiana de la mayoría de los medios es advertido por la periodista Sara Lovera, quien señala que la labor en medios de comunicación es una profesión mayoritariamente femenina; ejemplo de ello es que tan sólo en las carreras de comunicación el porcentaje ronda el 90 por ciento. Empero, los salarios y las oportunidades de desarrollo suelen ser menores que las de los varones.

Agredidos y sin respaldo
Ha habido acciones como la despenalización de los delitos de calumnia, difamación e injuria, y la propuesta de federalizar el delito de agravios contra periodistas, que aparentemente redundarían en una protección efectiva de quienes se dedican a este oficio, pero ni siquiera la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos contra Periodistas, creada en febrero de 2006, ha sido efectiva: de 136 casos bajo su jurisdicción, sólo tres han sido consignados ante un juez.
La desconfianza en las autoridades y los actos de intimidación contra periodistas han obligado a publicar notas firmadas como “Especial”, “De la redacción” o “Staff” para no arriesgar la integridad de los reporteros o bien simplemente se asume la decisión de no publicar información relacionada con las bandas del narcotráfico.
En México simplemente son escasas las organizaciones gremiales que vigilen, apoyen y asistan a trabajadores de los medios. Según consigna el Reporte sobre Agencias Internacionales de Noticias y Sindicalismo en América Latina de 2006, elaborado por la misma FIP, “los periodistas han ido perdiendo derechos y representación y existen cientos de asociaciones de periodistas que, aunque parecieran aglutinar a muchos grupos, no tienen peso en el contexto actual. Las asociaciones históricas no trascendieron a la vieja usanza de la cercanía al poder, tienen formas de organización corporativas y actualmente no tienen presencia entre los periodistas jóvenes, quienes las ven con desconfianza”.
Un sondeo del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, citado por la Federación, indica que 90% de los periodistas no está interesado en afiliarse a ningún sindicato “debido a su mala reputación, por el enriquecimiento de sus líderes sindicales, los casos de corrupción al interior del sindicato, entre otros factores”.

Coyuntura favorable
El largo análisis de este organismo internacional de periodistas advierte que la llamada Ley Televisa originó un movimiento que agrupó a las radios comunitarias, periodistas reconocidos, organizaciones sociales y políticos en contra del intento de otorgar más poder a los grandes medios, a costa de los espacios independientes o pequeños.
En el pasado reciente están los casos de la salida de Carmen Aristegui de W Radio, el arresto de Lydia Cacho, la salida del aire de Monitor; los ataques del arzobispado contra Sanjuana Martínez por sus trabajos sobre pederastia clerical, y la demanda contra Miguel Ángel Granados Chapa. Esto ha despertado a organizaciones, grupos, y movimientos ciudadanos que han puesto en el centro de la discusión el tema de la defensa del derecho a la información.
La Federación Internacional de Periodistas no ignora que el grueso de los reporteros hoy en día está “atento a su supervivencia, salvando los recortes sistemáticos, soportando la carga de trabajo en el modelo multimedia y renunciando progresivamente a condiciones dignas de empleo”. Más aún, no ve en la vía sindical una salida para resolver la situación laboral actual que enfrentan, pero identifica la existencia de sitios de monitoreo del contenido de medios en las universidades, blogs de reporteros que denuncian los atropellos que padecen, grupos de estudios sobre el periodismo desde la academia, asociaciones ciudadanas que exigen su derecho a la información…
Se asume que las empresas no están dispuestas a dar difusión a reportes sobre las condiciones de trabajo en la prensa; sería un suicidio y pondría en riesgo su propia existencia. Con todo, se advierte que los ciudadanos comienzan a preocuparse por la suerte de los periodistas, perciben que si el mensajero está mal, el mensaje llega distorsionado. Se abren propuestas al respecto: por un lado, un observatorio ciudadano de medios que emita periódicamente informes que rindan cuentas de lo que los medios hacen; por otro lado, intercambio de información con periodistas de otros países que tengan un mejor marco regulatorio y más garantías para realizar su trabajo, y que abran el panorama a los mexicanos. Lo central, advierte el documento de la FIP es convocar a todas esas voluntades dispersas.

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Un comentario en “Periodistas mexicanos, en la indefensión laboral

  1. Tienes toda la razón, pero el respeto por nuesra profesión se la debemos dar nosotros mismos. Habrá que alzar la voz hacia aquellos que hacen las leyes.
    El periodismo es una actividad, un trabajo profesional que es apoyado por nuestra constitución y la ley federal del trabajo.

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