Propaganda política, sin ética y sin sanciones

Febrero de 2009
Siempre pensando en qué puesto ocuparán el próximo año y en virtud de la reforma electoral de 2007 que se proponía contener la promoción personal de servidores públicos y la contratación de propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales, gobernadores, legisladores y alcaldes burlan la ley mediante prácticas engañosas que les permitirían cimentar sus aspiraciones rumbo a los comicios intermedios de 2009 y el proceso electoral de 2012.
Indispuestos a acatar las restricciones impuestas por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y los artículos 41 y 134 de la Constitución, lo que debió haberles costado ya sanciones e incluso la inhabilitación para ocupar cargos públicos, funcionarios de diferentes niveles recibieron el pasado 22 de diciembre carta blanca del IFE para actuar como mejor convenga a sus intereses políticos. Los consejeros declararon infundadas o acordaron sobreseer 130 de un total de 188 denuncias presentadas ante la autoridad al no poder acreditar que las conductas en que incurrieron sean actos de propaganda electoral o bien que se hubiesen usado recursos públicos en cualquiera de estas campañas de promoción personal.
Así, 38 presidentes municipales, 24 diputados locales y 18 federales, cuatro senadores y 14 gobernadores a quienes la permanente exposición que su actividad les permite ante los medios de comunicación les había parecido insuficiente, podrían destinar un mayor presupuesto de sus áreas de comunicación, así como obra y programas de apoyo social para empujar su imagen en los medios.
Mercado negro
Junto con el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, el jefe de Gobierno del Distrito Federal ha abierto una intensa discusión acerca del mercado negro de la publicidad política. Y es que ante una ley que les prohíbe contratar spots o pautas que incluyan su nombre, voz o imagen, ambos han recurrido a la compra de tiempo, principalmente en televisión, a través de gacetillas (notas pagadas en noticiarios).
Sólo el año pasado, la administración de Ebrard destinó el 86 por ciento de su presupuesto de Comunicación Social (122 millones de pesos) a contratos con Televisa y TV Azteca que se tradujeron, por ejemplo, en notas referentes a obra pública y programas sociales del GDF, así como apariciones dentro de espacios matutinos dedicados mayormente a notas de espectáculos para hablar de la reforma energética u otros temas.
Del acuerdo publicitario entre Peña Nieto y Televisa se conocen tiempo atrás varios detalles. Una investigación publicada por Jenaro Villamil (Proceso, 1512), revela la existencia de un ambicioso plan de medios para posicionar al político mexiquense rumbo a 2012, el cual entre sus aspectos más notables incluye la compra de espacios en noticiarios que no serían reportadas como publicidad sino como notas.
Ebrard, vale decirlo, ejercerá este año 190 millones de pesos (73.4 millones más respecto a 2008) en publicidad, mientras que Peña Nieto destinará 177.5 millones de pesos al gasto en imagen, el monto más alto en la historia de la entidad, aunado al seguimiento cotidiano que se ha asegurado de la llamada prensa del corazón por su vínculo sentimental con la actriz Angélica Rivera, quien hasta diciembre era la imagen del gobierno mexiquense.
Casos similares de promoción personal se han presentado en entidades como Veracruz, donde previo a su 4° Informe de Gobierno, el gobernador Fidel Herrera antepuso al sitio web institucional del gobierno estatal una página personal (mifidelherrera.com) dedicada a resaltar sus logros, reemplazado un dominio .gob reservado para las funciones del estado por un .com de uso particular, con vínculos incluso a su blog personal en el que uno se entera que el mandatario lleva meses leyendo un libro de superación personal de Eckhart Tolle llamado El poder del ahora. Un camino hacia la realización espiritual.
Y si bien es cierto que Ismael Hernández Deras, de Durango; José Natividad González Parás, de Nuevo León; Emilio González Márquez, de Jalisco; Ivonne Ortega, de Yucatán; Mario Marín, de Puebla, y Jesús Aguilar Padilla, de Sinaloa, tienen aún procesos abiertos por hacer abierta promoción de su imagen a través de propaganda institucional, también es cierto que decenas de funcionarios continúan colocando todos los días gacetillas en medios locales y nacionales. Dos muestras visibles de esta connivencia entre servidores públicos y medios se da desde semanas atrás en diarios que incluso destinan páginas enteras de información general a notas pagadas, identificables por sus firmas, ajenas a las de la redacción regular del rotativo (véase el caso de El Economista) o bien gobernantes como el chiapaneco Juan Sabines quienes pagan incluso la inserción de fotos de jerarcas católicos que hablan elogiosamente de su trabajo (ver Milenio, 19 de enero), aun cuando la Constitución prohíbe usar nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada del servidor público.

Violaciones dolosas
Sin una ley reglamentaria del 134 constitucional, gobernadores, alcaldes y legisladores que ya piensan en el siguiente cargo dentro de la administración pública han echado mano de recursos que les han permitido impulsar con dinero público sus aspiraciones políticas —algo sustancialmente diferente del uso de los medios para el cumplimiento de sus responsabilidades— sin castigo alguno.
José Luis Durán Reveles, presidente municipal de Naucalpan, Estado de México, invirtió durante el año pasado buena parte de los más de 21 millones de pesos de su gasto anual en propaganda en anuncios espectaculares y bardas cuyo slogan incluía su apellido (“En Naucalpan las obras PerDURAN”, se podía leer), aunque en ellos no se mencionaba ni una sola acción específica en beneficio de la gente. Semanas después, la frase fue cambiada por otras del tipo “Para que te REVELES sano ante la vida”, ahora usando su apellido materno.
El caso es particularmente paradójico, pues además del ordenamiento federal, el propio panista promulgó un Bando Municipal que hasta la fecha advierte que bajo ningún supuesto las campañas de comunicación del municipio pueden incluir nombres, imágenes, leyendas, fotografías o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.
Con el fin de publicitar su obra, también el alcalde panista de Toluca, Juan Rodolfo Sánchez burló la ley; su administración contrató los servicios de un supuesto modelo con rasgos semejantes a los suyos (al que se le conoció como “el clon”), el cual apareció en varios espectaculares, sin que se diera a conocer jamás su identidad, reforzando la versión de que se trataba de una acción dolosa del funcionario que, ávido de reflectores, sólo habría modificado y retocado una vieja imagen de sí mismo mediante Photoshop.
Pero el apuro por adelantarse en la carrera electoral de 2009 originó otro fenómeno: la conformación de fundaciones, sociedades o asociaciones civiles al servicio de aspirantes a cargos de elección popular que les garantizan presencia y recordación de los ciudadanos, mediante la organización de eventos en colonias populares, el reparto de despensas, la gestión de trámites ante las autoridades o bien ofrecer atención médica y dental gratuita. Así, ante la falta de un cargo público que les permita promoverse vía la estructura de comunicación del propio gobierno, y dado que para la normatividad vigente es imposible detectarlos y, más aún, sancionarlos, personajes de todos los partidos que estarán en las boletas en julio próximo hacen precampaña temprana. Tres ejemplos de esta práctica son Carlos Orvañanos Rea, secretario particular del titular de Economía, Gerardo Ruiz Mateos, quien convence a votantes para la Jefatura Delegacional en Cuajimalpa mediante la Fundación Aantaj; el priista David Sánchez Guevara, aspirante a la alcaldía de Naucalpan, Estado de México, quien realiza actos anticipados en su calidad de presidente del Grupo Kairos, y Benjamín Clariond, aspirante a la gubernatura de Nuevo León, quien usa la asociación Todos Somos Nuevo León como plataforma.
Un caso llamativo, por peculiar, es el de la perredista Lorena Villavicencio, líder en la pasada Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, quien en su tercera búsqueda de la candidatura en Álvaro Obregón reparte volantes y un calendario de bolsillo con una de las comentadas fotografías que se publicaron en la revista H para Hombres y para las que posó en 2006.

Los ciudadanos, pretexto
Con el pretexto de la obligación de rendir cuentas a los ciudadanos que los eligieron, aunque ya pensando en su futuro político, diputados locales y federales que dejarán su encargo este año hicieron de sus informes de labores actos que prácticamente se constituyeron en el inicio de su precampaña. No escapó del ojo de los medios el dispendio realizado por el diputado panista Alfredo Vinalay, quien pretende heredar la Jefatura Delegacional de Benito Juárez y quien pese a contar con 60 mil pesos para difusión de sus actividades de un año como integrante de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal pagó la colocación de 200 lonas, cien pendones, 28 anuncios espectaculares en vías primarias y la impresión de 15 mil volantes.
El material informativo del diputado ofrecía por todo contenido una foto suya en gran formato, en actitud hierática y mirando al cielo, flanqueado por las palabras “Vinalay. Honestidad”, pero omitiendo en todos los casos la fecha de su informe (hecho remarcable considerando que la ley sólo permite hacer promoción siete días antes y siete días después del acto). Valorado esto como un despliegue desmesurado, los hechos fueron denunciados ante la autoridad electoral local como actos anticipados de campaña y en el improbable caso de que se considere procedente, el panista podría quedar inhabilitado para ser candidato de acuerdo con el artículo 227 del Código Electoral del Distrito Federal.
Un suceso todavía más evidente quedó registrado en un video de poco más de 30 segundos, hoy borrado de YouTube, en el que el mencionado Carlos Orvañanos Rea hace público su interés por convertirse en el próximo jefe delegacional de Cuajimalpa, en un mitin en el que además participaron los diputados Jorge Triana y Kenia López. Si bien no existe un marco normativo aplicable a la comunicación política en Internet, el caso es ya del conocimiento del IEDF y su Comisión de Fiscalización.
En la entidad vecina —pese a que este año habrá elecciones para diputados locales, federales y presidentes municipales—, lejos de convertirse en gasto de publicidad, los recursos bien podrían estar reservados a la compra institucionalizada del voto: los 75 diputados mexiquenses no dejaron pasar la oportunidad de aprobar un paquete presupuestal que permite disponer a cada legislador de 2.5 millones de pesos, los cuales podrá repartir discrecionalmente entre ciudadanos que le soliciten desde cemento, varilla y material de construcción, hasta ayudas en especie para una fiesta patronal.
A todos estos casos se han sumado en los últimos meses mensajes que los partidos han colocado en su propaganda como parte de sus actividades políticas permanentes, con los cuales buscarían capitalizar inquietudes ciudadanas hacia los próximos comicios. De ahí que cuando el tema del secuestro alcanzó el año pasado su punto más alto, mediáticamente hablando, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) lanzó una campaña con un slogan particularmente contradictorio: “Porque nos interesa tu vida, pena de muerte para asesinos y secuestradores”.
Nueva Alianza no se quedó atrás y en agosto organizó una feria, a la que denominó “Becatón”, para dar 12 mil becas a estudiantes universitarios que no habrían alcanzado lugar en instituciones públicas, entre los cuales se repartieron artículos utilitarios con publicidad partidista y se rifaron memorias USB, celulares y computadoras personales. En la lucha por su porción, el Partido Socialdemócrata ha hecho eje de sus campañas la guerra entre cárteles y usando el slogan de “las cosas no se solucionan a balazos” impulsa la legalización y la regulación del mercado de las drogas, mientras que mediante carteleras colocadas en varios sitios y unidades de transporte público, Acción Nacional presume como suyos los programas sociales del gobierno federal instrumentados por las secretarías de Salud y de Desarrollo Social, lo cual generó la demanda de una investigación del PRD cuya presidenta en el Distrito Federal anunció que emprenderán una campaña de difusión de los logros de programas oficiales de la actual administración capitalina.

Oportunidad
Pero existe otra puerta de oportunidad que quedó abierta para quienes pretenden eludir la fiscalización de la autoridad electoral; las recientes reformas al Cofipe y a la Ley Federal de Radio y Televisión, atienden sólo a la contratación de pautas en esos dos medios; Internet, los mensajes de texto por celular y las pantallas de cine son tierra de nadie, lo mismo que las llamadas telefónicas operadas desde call centers para hacer figurar en el interés de la gente a quien se quiera, incluso fuera del tiempo de campañas, lo cual se logra a veces mediante encuestas fraudulentas conocidas como push polls.
Como guía de sanción, la ley electoral cataloga como propaganda escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones tanto de partidos políticos, candidatos y simpatizantes que tengan como objeto impulsar candidaturas, pero en todo caso se omite la obligación de retirar tales productos o bien cesar o interrumpir su difusión, cuando caen en supuestos ajenos a los de los medios convencionales. Su costo, sus efectos, son algo completamente desconocido para el árbitro de la contienda por venir.
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