Y el IFE se doblegó

Zócalo 109, Marzo de 2009

El acuerdo estaba amarrado. Hasta la noche del jueves 12, los dictámenes elaborados por la Secretaría Ejecutiva del Instituto Federal Electoral (IFE) consideraban que la manipulación de las pautas publicitarias de los partidos políticos y del propio Instituto era un asunto de “gravedad mayor” que ameritaba una sanción en conjunto de más de 11 millones de pesos para TV Azteca y Televisa.
El agrupamiento en bloque de los spots de los partidos que interrumpieron la continuidad de eventos deportivos, la inserción de cortinillas a la entrada de los anuncios, la transmisión de éstos justo en el cambio de la hora de tal manera que se convirtieran en bloques de hasta seis minutos continuos y su emisión de manera sincronizada con otros canales de televisión, eran consideradas hasta ese momento como conductas que en lo individual y en su conjunto constituían una manipulación y una intervención indebida de las televisoras que afectaba el sentido original de la propaganda.
Los diarios del viernes 13 anticipaban, pues, la sanción del IFE: Televisa se haría acreedor a una sola multa por 4 millones 180 pesos, por manipulación indebida de la propaganda. TV Azteca, en cambio, sería sancionada con dos millones por incurrir en la misma falta en sus canales 7 y 13; tres millones por reincidencia –pues en mayo pasado el Consejo General del IFE le había impuesto una multa de poco más de 5 millones de pesos, que apeló ante el Tribunal Electoral, por contravenir la obligación de difundir los spots de los partidos–, y dos millones más por incumplir la transmisión en Sky de las pautas enviadas por el Instituto.
No obstante, durante la noche y parte de la madrugada del viernes 13 de febrero el escenario cambió por completo.

Sin materia
Pasado el mediodía, una vez abierta la discusión en la reunión del Consejo General del IFE respecto de los procedimientos especiales sancionadores iniciados contra las televisoras y luego que el consejero Alfredo Figueroa manifestara su convicción de que existió una estrategia concertada por los concesionarios para “lastimar” el proceso, Marco Antonio Baños puso sobre la mesa dos proyectos de dictamen que proponían sobreseer las sanciones y, de entrada, evitaban a los integrantes del Consejo General pronunciarse sobre el fondo del asunto en la discusión sobre las conductas desplegadas por las cadenas.
Y es que, de acuerdo con Baños, a partir de que el IFE suscribió, el 11 de febrero, Bases de Colaboración con la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) para garantizar mejores condiciones en la transmisión de la propaganda de los partidos políticos y la autoridad electoral, se pudo observar que las televisoras iniciaron el retiro de las cortinillas previas a la transmisión de los promocionales y el “desempaquetamiento” de los mismos, de tal forma que las conductas que motivaron el procedimiento sancionador ya habrían cesado o en su defecto estarían por atenderse en ruta de “normalizar las transmisiones”. Baños omitiría mencionar que el fin de semana del 7 y 8 de febrero, más allá de “conductas atípicas”, cortinillas y bloques, los promocionales pautados ni siquiera se habían transmitido en varias franjas horarias.
Basado todo su argumento en el artículo 32, inciso d, del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral que considera procedente sobreseer una denuncia “cuando la queja respectiva haya quedado sin materia”, el consejero Baños, lo mismo que Marco Gómez Alcántar, Arturo Sánchez, Benito Nacif y Francisco Guerrero –quienes traían bien estudiada la nueva propuesta– insistieron en que la litis que llevó a detonar los procedimientos sancionadores contra Televisa y TV Azteca quedó resuelta desde el momento en que dejaron de interrumpirse las transmisiones de futbol, de tal modo que el procedimiento iniciado por el IFE ya había cumplido su acción correctiva y preventiva.
La diputada Marina Arvizu, consejera del Poder Legislativo ante el Consejo General, quien llevaba preparado un mensaje para respaldar la decisión de la autoridad electoral, se vio obligada a deslizar su discurso bajo las hojas en su carpeta y más tarde anotó desencantada que aquello era –así lo expresó– una claudicación. Distinto fue el caso de Arturo Escobar, del Partido Verde, quien sostenía que tras repasar los 136 artículos constitucionales, más todo el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), su partido no encontraba ninguna de las presuntas violaciones que se atribuían a Televisa y TV Azteca, mientras insistía en desacreditar al consejero Alfredo Figueroa, de quien llegó a sugerir que era enemigo de los concesionarios. Esa noche, sin embargo, ningún espacio noticioso dio acuse de recibo. Las televisoras ignoraron la encendida defensa del senador verde.

Predisposición y rechazo
Para Virgilio Andrade la discusión partía de valorar si en la transmisión de los spots se alteraron los contenidos o si de la acumulación de las conductas exhibidas se alteró la libertad del juicio ciudadano. La violación al artículo 350, inciso d) del Cofipe que prohíbe la manipulación o superposición de la propaganda electoral con el fin de alterar o distorsionar su sentido original quedó acreditada, pues a su juicio la actuación de las televisoras generó “la predisposición de rechazo no solamente a la propaganda sino también al proceso electoral en su conjunto, derivado del impacto masivo que tiene el poder natural de los medios de comunicación”.
De hecho, no sólo el Instituto se vio obligado a publicar un desplegado en los diarios para deslindarse de las interrupciones a la programación, sino que una encuesta de la empresa Demotecnia, publicada por Milenio en su edición del lunes 9, había mostrado que mayormente la población no sólo había reaccionado con enojo ante la interrupción de eventos deportivos para cumplir con la transmisión en bloque de promocionales (59%), sino que 56 por ciento de los consultados identificaban al IFE como responsable de truncar la continuidad de las emisiones. El daño, pues, estaba hecho.
Pero los consejeros que acompañaron el sentido de los proyectos presentados por Marco Antonio Baños rechazaron entrar al fondo y discutir si la decisión de agrupar spots, insertar cortinillas y concertarlos en el cambio de hora fue ejecutada por cuenta propia de las televisoras para presentarse como víctimas de una imposición más que para dar cumplimiento a la ley, de modo que con una mayoría de cinco a cuatro dieron por zanjado el diferendo sostenido con los dueños de los medios apenas transcurridos 14 días de iniciadas las precampañas.
Aun entre quienes se manifestaron en contra de sobreseer el procedimiento, no todos optaban por la multa; pertrechada entre ellos, Macarita Elizondo proponía declarar totalmente infundado el expediente, lo que más hubiera agradado a las televisoras; es decir, en su juicio lo visto en las pantallas de televisión no ameritaba siquiera haber abierto un procedimiento sancionador. Arturo Sánchez al menos fue autocrítico sobre lo que se había dejado de hacer; votaría por el sobreseimiento –explicó–, “lo cual no quiere decir que, en algún momento, podrán ser analizadas, perseguidas e incluso sancionadas estas mismas conductas atípicas, pero ahora sobre la base de criterios claros, compartidos y establecidos por todos”. El IFE se había puesto en una posición comprometida, pues ante hechos en los que hubo duda, no había criterios claros de acción; Televisa y TV Azteca encontraron lagunas en el procedimiento de regulación y sanción, aprovechándolos.
Las televisoras salieron con un triunfo en lo sustancial, pese a que por unanimidad se confirmó la sanción para TV Azteca, al ser un hecho probado que mientras en señal abierta transmitió en paquete los anuncios pautados por el IFE, en el sistema de televisión restringida Sky no sólo se bloqueó la transmisión de 96 spots, sino que en su lugar insertó publicidad. Al dar paso a la nota del día, el conductor del noticiario Hechos, Javier Alatorre, incluso expresó triunfalista que más allá de interpretaciones y comentarios, la razón se había impuesto.
El episodio de esa noche y madrugada del viernes, que terminó con el viraje de la mayoría de los consejeros en apoyo del proyecto de Marco Antonio Baños obedeció, según analistas, a las llamadas salidas desde la Secretaría de Gobernación que les pedían encontrar una fórmula para no sancionar, sin aparentar que se daba marcha atrás, en respuesta al buen ánimo mostrado por los representantes de Televisa y TV Azteca para con las autoridades.
No obstante, se atribuye a otro personaje su intervención determinante en el proyecto presentado por el consejero Baños: el senador Manlio Fabio Beltrones, quien además de tutelar desde hace años la carrera de éste y la de María del Carmen Alanís, actual presidenta del Tribunal Electoral, hoy día busca granjearse el favor de los medios electrónicos en virtud de sus aspiraciones presidenciales.


Rehenes de intereses
El viernes 20, el tema de las nuevas violaciones en que incurrieron las televisoras al incumplir con su obligación de transmitir un total de 64 spots los días 7 y 8 de febrero fue desahogado en apenas 90 minutos, si bien no exentos de alguna ironía y una tímida defensa a los concesionarios, casi sin diálogo entre los integrantes del Consejo General.
Uno a uno, los consejeros apoyaron el proyecto del ecretario ejecutivo, Edmundo Jacobo, quien puso a consideración del órgano una multa de 2 millones 250 mil pesos para Televisa por no transmitir 42 piezas publicitarias (equivalentes a 21 minutos) en sus canales 2 y 9, durante los partidos de futbol de ese fin de semana, y de 2 millones de pesos para TV Azteca por incumplir la transmisión de 22 spots en el Canal 13, equivalentes a 11 minutos. La resolución también obligaría a los concesionarios a reponer los mensajes omitidos, con cargo a tiempo comercializable y con independencia de los tiempos que corresponden al Estado.
Si bien el incumplimiento de Televisa fue casi del doble, la similitud en las sanciones obedeció a que en el caso de TV Azteca esta vez sí se consideró su conducta reincidente, aunque para el consejero Marco Antonio Gómez si bien en ambos casos la televisora vulneró el inciso c) del artículo 350 del Cofipe, su anterior acto de desobediencia de la ley ocurrió fuera de proceso electoral, de modo que las faltas no eran equivalentes.
Buscando cerrar el capítulo del viernes 13 y casi como una autoafirmación, el consejero presidente advirtió que “por ningún motivo el IFE será rehén de intereses particulares” ni confrontará en los medios de comunicación las determinaciones que adopte. Gómez Alcántar deslizó entonces lo que pareció un mensaje con dedicatoria a varios de los presentes cuando estableció que el Consejo General debe tomar decisiones alejadas de la síntesis de prensa y “nunca más” tomar decisiones con base en las encuestas de los opinadores.
Empero, la socialdemócrata Marina Arvizu todavía les guardaba un último dardo: si fueran congruentes con su postura anterior, les dijo, también debería sobreseerse este procedimiento, porque a fin de cuentas, el razonamiento usado entonces para perdonar a las televisoras, era perfectamente aplicable ahora. Más tarde debió explicarles a los consejeros que lo suyo era sólo una ironía.
Lo cierto es que al final, en todo esto, la Secretaría de Gobernación fue la única que en todo momento –pretextando ser sólo mediadora en el conflicto– renunció a cumplir con su obligación y evitó pronunciarse sobre posibles violaciones a la Ley Federal de Radio y Televisión respecto al equilibrio que debe guardar la propaganda comercial respecto al conjunto de la programación. El principio de mínima intervención volvía a ser, como en 2006, el de la inacción ante una posible violación a la ley. A ello se sumó el anuncio del abogado de TV Azteca, Salvador Rocha Díaz, quien ha manifestado su intención de judicializar el proceso y apelar las sanciones, de modo que éstas no son aún definitivas.

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