Operación limpieza de PGR contra periodistas

Zócalo 110, abril de 2009
El pasado 2 de marzo, Eduardo Medina Mora dejó claro que no está contento con lo que encuentra en la prensa y los medios electrónicos. La Procuraduría General de la República (PGR), según las palabras de su titular en el foro La responsabilidad de los medios ante la lucha contra la delincuencia organizada, encuentra en los informadores a un instrumento propagandístico del narcotráfico.
En consonancia con las declaraciones del secretario de Turismo, Rodolfo Elizondo, quien consideró que la importancia que dan los medios a todo lo que sucede en el país en materia de crimen organizado ha ayudado a que la imagen de México se deteriore en el exterior, el procurador se mostró persuadido de que diarios, radio y televisión trivializan la criminalidad, la muestran fuera del contexto de su combate y generan desánimo y parálisis entre la población, pues ésta parece invencible.
Medina Mora reclamó que se priorice la fiscalización de los poderes públicos y se haga énfasis de la ineficiencia y corrupción en éstos por encima de la condena y el aislamiento de los integrantes del crimen organizado quienes, dijo, son “los auténticos y verdaderos enemigos”. Asimismo, mostró su molestia de que la complicidad de funcionarios sea exhibida como incapacidad del gobierno y no como una muestra del cambio y saneamiento de las instituciones.
Los valores éticos y profesionales del periodismo no pueden ni deben ser impuestos por la autoridad, dijo el titular de la PGR, porque normar la libertad de expresión desde el gobierno simplemente sería un error.
No obstante, ese Eduardo Medina Mora que garantizaba que no era su intención “unificar las voces de los periodistas y medios de comunicación ni menos aún de disminuir el libre ejercicio de su vocación o de suprimir la crítica”, olvidó mencionar sus intromisiones en El Universal y Milenio, donde negoció las cabezas de reporteros y el despido del director editorial del primero, Raymundo Riva Palacio, quien en diciembre y marzo pasados deslizó detalles de la historia en su columna “Estrictamente personal”.

Doble discurso
Desde el pasado mes de septiembre, el reportero Carlos Benavides tenía listo un trabajo de investigación que exhibía cómo funcionarios y jefes de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) trabajaban para el narcotráfico. El hecho llegó a oídos de Medina Mora, quien de inmediato se puso en contacto con Juan Francisco Ealy, director general de El Universal. Alegando una investigación en curso que no existía, pero que le permitiría ganar tiempo, le pidió no publicar el material; luego le exigió conocer el expediente y amenazó con llevarlo a declarar ante las autoridades judiciales para que revelara sus fuentes. Las presiones tuvieron efecto.
Al mismo tiempo que El Universal publicaba el 27 de octubre del año pasado detalles acerca de cómo altos mandos de la SIEDO vendían información clasificada al cártel de los hermanos Arturo y Alfredo Beltrán Leyva, el procurador salió a dar una conferencia casi de madrugada, para confirmar todo y anunciar el inicio de la llamada Operación limpieza –nombre que tomó del reportaje publicado esa mañana– para depurar la PGR, misma que dio prácticamente por concluida sólo cuatro meses después, el 27 de febrero.
Medina, quien salvó su empleo gracias al trabajo hecho por el diario, se dio el lujo, durante el foro organizado por la PGR en las instalaciones del Instituto Nacional de Ciencias Penales, de señalar a los periodistas las carencias en su labor informativa de modo que les sugirió incluir entre sus deberes hacer investigación profunda y bien ponderada sobre las bandas criminales y destacar lo que la autoridad está haciendo para combatirlas.
Pero las contradicciones en el discurso son numerosas.
Luego de que a través de Milenio se conociera que agentes federales habían estado involucrados en el secuestro de Fernando Martí (18 de agosto de 2008), vinieron las presiones, primero al medio y después al reportero, para que dieran a conocer sus fuentes; Vicente Hernández Elías, autor de la nota, perdió su empleo luego de negarse a hacerlo.
Presiones similares experimentaron Miguel Aquino, reportero de TV Azteca, cuya cabeza le fue negada a la Procuraduría, y Silvia Otero, de El Universal, quien el 26 de agosto publicó a ocho columnas información del secuestro de Silvia Vargas Escalera –hija del ex director de la Conade, Nelson Vargas–, luego de tener acceso al expediente del caso. Medina Mora negó que el número de la indagatoria referido en la nota de la periodista existiera; semanas más tarde, ante la presión por la falta de resultados y cuando no quedó más remedio que presentar “avances” a la familia se hizo público el número de averiguación previa PGR/SIEDO/UEIS/238/2007, el mismo citado en el texto de la reportera.
Poco discreto, en octubre, Fernando Castillo Tapia, vocero del procurador, decía que los días de Raymundo Riva Palacio y Carlos Marín estaban contados al frente de la Dirección Editorial de El Universal y Milenio, respectivamente. Luego de enterarse del amago en una conversación telefónica con Riva Palacio, Marín respondió con una carcajada y una columna dos días después, el 17 de octubre, titulada “Eduardo Medina Mora”, en la que elogiaba lo que él consideraba “grandes y encomiables golpes de la Procuraduría General de la República”. El director editorial de El Universal fue cesado casi un mes después.

Campaña contra México
La molestia del gobierno federal con los informadores ha sido más que evidente. Entre agosto y octubre del año pasado las primeras planas de los diarios dieron cuenta de la aparición de 12 cadáveres decapitados en Mérida y 24 ejecutados en las inmediaciones del parque nacional La Marquesa, el estallido de dos granadas en la plaza de Morelia durante la ceremonia del Grito de Independencia y el secuestro y asesinato del menor Fernando Martí, por mencionar los casos que más han llamado la atención. En una reunión con un pequeño grupo de periodistas y columnistas, también en octubre de 2008, Felipe Calderón manifestó su molestia con “la estridencia y el pesimismo generalizado de los medios”.
Luego de asegurar, no pocas veces, que estaba cercado, sin recursos y a punto de caer desde que logró fugarse en enero de 2001 del penal de máxima seguridad de Puente Grande, el pasado 11 de marzo Joaquín El Chapo Guzmán, líder del Cartel de Sinaloa, apareció en la lista de los hombres más ricos del mundo de la revista Forbes en su edición 2009, la cual ubicó al narcotraficante en el lugar 701 de 790, con una fortuna estimada en mil millones de dólares.
Exhibida la forma en que un hombre perseguido por la ley puede prosperar en México, el presidente Felipe Calderón censuró lo que él mismo llamó “una campaña contra México” pues, dijo, “la opinión pública, y ahora hasta las revistas, no sólo se dedican a atacar, a mentir sobre la situación de México, sino a exaltar a los criminales”.
Al arrebato presidencial que sin más tachó lo publicado por el mensuario financiero de “apología del delito”, se sumó la voz del procurador Medina Mora quien descalificó las estimaciones de Forbes pues, sostuvo, “no tienen base alguna y carecen de todo rigor metodológico. Son meramente especulativas, ajenas a cálculos objetivos y sin posibilidades de verificación”. De ahí que no haya caído bien la columna “Bajo reserva”, de El Universal, que preguntaba el 13 de marzo si México tendría los datos sobre la fortuna de El Chapo y añadía: “Si es sí, que desmienta a Forbes. Y si es no, ¿qué esperan para recabarlos y empezar la cacería de empresas y financieros que hay detrás de los millones de dólares que alimentan al crimen organizado?”

Información completa
Medina Mora advierte que las organizaciones criminales han entendido que la publicidad de acciones cruentas contribuye a potenciar su efecto intimidatorio; amedrenta a grupos rivales y a la población, y busca inhibir la acción de las autoridades en su contra. Los medios, dijo, deben hacer causa común con el Estado y tomar responsabilidad en la labor de combatir y aislar al crimen organizado con información completa y equilibrada.
Un caso paradigmático sobre cómo entiende la PGR esa colaboración de los comunicadores quedó registrado el 9 de diciembre de 2005, cuando elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI), en ese entonces al mando de Genaro García Luna, realizaron un operativo –que fue transmitido en vivo en los espacios matutinos de Televisa y TV Azteca– para detener a dos presuntos secuestradores, entre los que se encontraba la francesa Florence Marie Cassez, quien al solicitar asistencia al consulado de su país y denunciar irregularidades en su detención destapó que todo el operativo había sido un “montaje” para la televisión. La AFI había liberado a las víctimas un día antes e incluso en un sitio distinto.
Dos reporteros, Pablo Reinah y Ana María Gámez, hicieron la cobertura de esa mañana. Pero mientras ella continúa trabajando para TV Azteca, él fue despedido de Televisa, acusado de haber sido cómplice y partícipe de la representación. Reinah rechazó en todo momento haber sido advertido del montaje y haberse prestado a la farsa, pero fue hasta un año y tres meses después cuando la Procuraduría General de la República reconoció que en los datos que le proporcionaron sobre el operativo nunca se precisó que “la detención de las personas ocurrió antes de su llegada y, por lo tanto, no se le proporcionó información completa, objetiva y veraz”.
La PGR se obstina en sostener ante la opinión pública que en su estructura hay infiltrados, pero no colapso institucional, que aunque no lo parezca y sin importar los más de 5 mil ejecutados del año anterior, la guerra contra el narco está siendo ganada. “Enfrentamos a un enemigo que mata a quienes desde la prensa los investigan como hecho noticioso”, dijo Medina el pasado 2 de marzo para pedir a los medios que se vuelvan soldados de la guerra de Felipe Calderón contra el narco; a cambio, el funcionario no tuvo una sola frase para la labor de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas, que no tiene delitos que perseguir ni sujetos que proteger, sea porque se declara sistemáticamente incompetente para investigar asesinatos, desapariciones forzadas y amenazas, o bien porque no le reconoce la calidad de periodistas a la mayoría de las víctimas, a algunas de las cuales, sin embargo, no duda en señalar sin pruebas como colaboradores del narcotráfico.

Filtraciones
Cercano a Medina Mora, en julio de 2008 Noé Ramírez Mandujano se vio obligado a abandonar, bajo sospecha, su cargo como subprocurador de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada. Su ex jefe lo ayudó a llegar a la representación del gobierno mexicano en Austria donde estaría a salvo, pero cuando la investigación de mandos al servicio al cártel de los hermanos Beltrán Leyva llegó hasta él a finales del año pasado, la PGR intentó atenuar el escándalo.
De las oficinas de la PGR se filtraron a los diarios partes del expediente de otro detenido, Gerardo Garay, ex comisionado de la Policía Federal Preventiva, en las que se detallaba el famoso operativo realizado en una casa en el Desierto de los Leones, en la que se hallaron armas, drogas, leones, tigres y panteras, y en el que Garay habría seleccionado a cuatro de las mujeres detenidas en el lugar, presuntamente prostitutas, luego de lo cual comenzó su fiesta, “ordenó prender la caldera del jacuzzi, pidió cocaína para la muchachas y cerró la puerta de la sala”. Así, el vergonzoso episodio y la obligación de dar explicaciones le fueron endosados al nada grato secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
De corta memoria, sin embargo, en diciembre pasado Medina Mora ordenó girar nuevos citatorios contra los periodistas Francisco Gómez, Rubén Mosso, Lemic Madrid y Miguel Aquino, de El Universal, Milenio, Excélsior y TV Azteca, respectivamente, para tratar de obtener de ellos la fuente de sus informaciones, así como de los documentos que han hecho públicos y que lo han colocado en una posición incómoda. El secreto profesional de los periodistas o la reserva de sus fuentes informativas no son obstáculo para el procurador, quien trabaja en salvar su carrera.

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