La política social, entre tropiezos y apremios

Milenio 206, 27 de agosto de 2001

El pasado 21 de mayo el presidente Vicente Fox ya no estaba en campaña, pero parecía referirse a la nación de los días posteriores al proceso electoral del 2000. Se trataba del proyecto de país con orientación gerencial.
“La socialización de internet es el camino más económico para educar a 38 millones de mexicanos sin primaria y salvar el rezago de 50 mil millones de pesos, necesarios para proveer infraestructura básica”, decía Sostmann. Entonces agregaba que se necesitarían un millón y medio de computadoras para conectar, vía internet, a todas las comunidades donde viven 28 millones de mexicanos en la extrema pobreza.
Hoy, a pesar de la exaltación no existen en el país más de 36 centros con las características referidas.
Recientemente, el gobierno federal ha tenido que tragarse los reclamos campesinos que advierten sobre la posibilidad de incendiar el país.
En salud, Vicente Fox llegó a prometer que el país sería como Domino’s Pizza: no habría una sola familia que no tuviera a media hora de su casa una clínica de salud. Hoy, la posibilidad de observar en internet las estadísticas publicadas por la Secretaría de Salud acerca de qué tanto se acercaron los servicios de salud a las zonas de difícil acceso o de alta marginación resulta imposible. Los datos no van más allá de 1999.
En uno de los temas que asumió como mayor reto, Fox mando al Congreso la iniciativa de Ley sobre Derechos y Cultura Indígenas, apenas se convirtió en presidente. Pero Fox rehusó hacer uso de su derecho de veto, a pesar de que
El PRI y el PAN aprobaron una ley modificada, con diferencias sustanciales en relación con la presentada en diciembre.
Luego de ordenar la publicación del decreto en el Diario Oficial, el gobierno federal comienza ya a ser señalado como el principal responsable de un posible desbordamiento del problema indígena, pues a decir del gobernador de Oaxaca, José Murat, se ha conferido rango constitucional al racismo y la discriminación.
La política social está atrapada, así, entre tropiezos, apremios y frustraciones.

En los sótanos de Migración

Milenio 195, 11 de junio de 2001
Hacinados en un espacio ideado para 140 personas, más de 470 indocumentados sobreviven en la estación migratoria de Iztapalapa. Lo hacen durante semanas, a la espera de ser liberados o deportados a sus lugares de origen, tragando por la fuerza alimentos incomibles y durmiendo en el piso. Todos ellos son rehenes de guardias sin nombre que medran a partir de la ignorancia de quien cae en el lugar, y de funcionarios, cómplices indirectos, que no informan absolutamente nada.
Arnel Labrador Águila y María Faustina (Fanny) González abandonaron la isla de Cuba en febrero pasado. Lograron llegar a la ciudad de México como ilegales y trasladarse después a Monterrey, como uno de sus últimos pasos a Estados Unidos. Confiados en la Ley de Ajuste Cubano, que le concede a quienes huyen de la isla el derecho de permanecer en territorio estadunidense por el sólo hecho de entrar en él, llegaron hasta un puesto de control en Laredo donde expusieron su situación y donde medianamente se les orientó. Ninguno de los dos sabía inglés, de modo que lo único que se les entregó fue una forma que debían llenar, mientras se les advertía que por lo pronto no podían quedarse, tenían que volver por la frontera y regresar cuando la forma estuviese correctamente llena. Los guardias del puesto fronterizo prácticamente los pusieron en manos de las autoridades migratorias mexicanas.
El Instituto Nacional de Migración (INM) se hizo cargo de ellos de inmediato. El personal de la delegación Tamaulipas los mantuvo dos días detenidos en Nuevo Laredo, durmiendo en el suelo, antes de trasladarlos a la estación del instituto en Iztapalapa, en la ciudad de México. Arnel viajaría esposado durante todo el trayecto, con un guardia que apenas le daba espacio. Incluso cuando debía ir al baño, una de las manos le era sujetada a la baranda de la ventanilla.
Ya en la estación migratoria, los cubanos fueron separados. La requisa de ropa, papeles y valores comenzó; todo había de pasar al guardarropa.
Arnel fue ingresado a la estación y llevado al patio. Ahí se mantuvo parado desde las siete de la mañana, mirando las ventanas que dan a las celdas, las paredes de ladrillo, la alambrada que se levanta por toda la periferia de las instalaciones. Dos horas después, las primeras señales de vida, los primeros hombres detenidos ahí que salían a llenar la cancha de basquetbol de la estación, para estirarse y desentumecerse. Y es que para los venidos de lugares cálidos, aun en primavera, la madrugada de la ciudad de México es fría, por eso se les ve salir frotándose las manos, soplando dentro de ellas. De inmediato varios ubican al nuevo. ¿Quién eres?, ¿de dónde vienes?, son las primeras preguntas.
Ya adentro, la vida se trastorna. Las celdas que apenas tienen dos o tres literas, albergan hasta cuatro veces más personas. Los pasillos se llenan de cientos de centroamericanos, tirados uno al lado de otro en un forzado campamento, mientras los que intentan caminar para alcanzar su celda deben pasar prácticamente por encima de los otros. Y es que hasta en eso se nota el trato: un guatemalteco, un salvadoreño, un nicaragüense vale menos que un cubano o un chileno, y rara vez se le verá ocupar ya no digamos una litera, sino un dormitorio.
Cobijas hay. Insuficientes en número para la cantidad de personas. Cuando uno abandona la estación migratoria, otros se quedan con ellas; van rotando y son heredadas de uno a otro. Lo grave de esta solidaridad aquí, es que el que no tiene condiciones para bañarse no se baña. Hay gente con hongos en la piel y en los pies; la misma colchoneta es usada una y otra vez. Por la noche, en el hacinamiento, el olor a mugre y sudor es inaguantable. Quizá sea por eso que los oficiales entran con tapabocas, pues no soportan la peste.
Para el comisionado del INM, Felipe de Jesús Preciado, el hecho no es desconocido. Apenas en los últimos días de marzo en un recorrido por el lugar, supo de las cifras y de las condiciones en la estación migratoria, de las cuales aseguraría, no son “para nada, las que requiere un ser humano”. Y además está el problema del sobrecupo, el hecho de que más de 470 personas sobrevivan en un espacio destinado para 140, o que 352 hombres convivan donde debían hacerlo no más de 90.
Arnel cuenta la historia. Fanny asiente o agrega detalles a la versión, aunque cada una de las alas de esta estación migratoria -femenil y varonil- tiene sus propias escenas.
Para los familiares de quienes se encuentran “asegurados” en aquel lugar, hay restricciones en el pase de alimentos, tabaco y bebidas. Ni pensar en agua embotellada en una cantidad más o menos razonable, ni hablar, pues, de pasar más de dos o tres botellas para alguien detenido ahí. Ésas se venden dentro y permitir su ingreso sería competencia desleal. Los precios alcanzan los 30 pesos por una botella de agua; 25 por una botella mediana de Coca cola, y 50 pesos por una grande. Por otro lado, está el asunto de las llamadas telefónicas desde adentro: no hay teléfonos gratuitos y rara vez se permite hacer llamadas por cobrar. Para eso hay vendimia de tarjetas Ladatel de 50 y 100, que alcanzan un valor de 70 y 140 pesos, respectivamente.
Oficialmente, se dice que en la estación predominan los ecuatorianos. Éstos, dice Arnel Labrador, parecen llegar con mucha hambre y en ocasiones son los únicos en probar la comida -a veces insuficiente-, que ahí se da.
Asimismo, de acuerdo con un informe elaborado en octubre pasado por la organización no gubernamental Sin Fronteras, en el que se recoge el testimonio de 25 migrantes asegurados, se afirma que la comida es de “mala calidad” en su mayoría, en tanto que quien ingresa a las instalaciones fuera de los horarios establecidos, simplemente no come.
Según el testimonio de un indocumentado, su detención se realizó aproximadamente a las 9:00, por parte de efectivos de la Policía Judicial Federal. Su llegada a la estación migratoria en la ciudad de México se dio después de las 18:00. Sin embargo, durante su estancia en las oficinas de la Procuraduría General de la República no recibió alimentos. Para colmo, como su entrada a las instalaciones de la estación fue posterior a la hora de la cena, ya no pudo probar nada; el comedor abría hasta la mañana siguiente.
En los lineamientos de operación de la estación migratoria existe, o por lo menos existía hasta septiembre pasado, una disposición que establecía que en el área destinada al dormitorio femenil, el personal encargado de la seguridad, vigilancia y custodia, debe ser exclusivamente femenino. Pero las historias son otras.
Los guardias entran en las instalaciones que supuestamente les están restringidas y abordan a las mujeres detenidas. Muchos de ellos logran citas forzadas para salir a tomar una cerveza. A quienes se niegan a las invitaciones, se les bloquea, se les restringe el tiempo de visita.
De vuelta, los guardias alardean de sus conquistas en el pabellón masculino. Dado que los grupos familiares se mantienen separados durante su detención, cualquier versión puede llegar a los oídos de las parejas de esa ala, lo que invariablemente tensa el ambiente ahí dentro.
Pero nadie sabe bien sobre quién puede pedir una explicación o contra quién puede presentar una queja. Los oficiales del INM traen una chapa con su nombre, pero acá entran sin ella o simplemente se la voltean.
Y así se teje la red de complicidades. Cualquier guardia puede acercarse a los asegurados y soltar, como si nada, que él tiene forma para acelerar la salida de la estación con números celulares y nombres de “licenciados” que realizan gestiones ante las autoridades. “Yo te puedo dar el nombre y el teléfono de un abogado que te saca de aquí, pero, ¿cuánto me vas a dar por pasarte el nombre?”, dice uno de ellos. En realidad, la pregunta no es común; el dato generalmente se vende por cien dólares, según cuentan los cubanos.
Así llegaría a Arnel el teléfono de “Alejandro”, uno de esos licenciados que dice tener la doble cualidad de vender la ayuda del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR), así como de obtener la cooperación de sus relaciones y contactos en el INM.
De acuerdo con una grabación obtenida por MILENIO Semanal en la que se escucha la negociación de este hombre con los familiares de Arnel Labrador, el trato se establece así: la ayuda de ACNUR por dos mil dólares y la del INM por cuatro mil 500, por persona. La mitad primero, la mitad después. El depósito se haría por medio de la empresa Western Union.
De esta forma, cientos de migrantes son defraudados al año. Entre tres mil y cuatro mil dólares entregan por salir deportados del país, por supuesto, sin devolución posible.
A esto se suma que el trabajo de cobrar giros y envíos de dinero despachados a los migrantes menos desafortunados por sus familiares, corresponde también, en muchos casos, a los guardias, quienes cobran una parte por el “favor” con cien o 200 pesos.
Pero al parecer, otra vez, el fenómeno no es un secreto para las autoridades federales. De acuerdo con el documento Diagnóstico y percepción que la dependencia tiene sobre el fenómeno de la corrupción dentro de las instituciones, elaborado para consumo interno de las dependencias de la Secretaría de Gobernación, se tiene muy clara la existencia de “personal inadecuado en el servicio migratorio, potencialmente proclive a actos de corrupción”.
También, se establece que en el INM “se manifiesta una pertinente selección de funcionarios públicos, sujeta a la complicidad, que genera el abuso, la discrecionalidad, falta de transparencia y corrupción”. Se afirma, además, que esto “inhibe la iniciativa de los funcionarios honestos que se rigen por los principios de legalidad, honradez, imparcialidad y eficiencia, en el desempeño de sus funciones”.
Por tanto, advierte el diagnóstico, “se lesiona gravemente la confianza que la sociedad y los extranjeros depositan en la institución, debilitándola y afectándola en el exterior”.
Arnel Labrador y María Faustina González buscaron la protección en ACNUR para ganar tiempo en su caso. Su salida de Cuba se había dado en situaciones poco favorables como para aceptar la deportación. “De regresar seríamos víctimas de las represalias que acostumbran tomar en contra de las personas que desean romper vínculos políticos o laborales con los organismos oficiales (…) cuando menos quedaríamos disminuidos en nuestros derechos laborales y sociales”, establecían en una carta.
Luego de la evaluación, la oficina regional de ACNUR consideró que los elementos para reconocerlos como refugiados eran insuficientes.
La pareja estuvo en la estación migratoria desde los primeros días de marzo hasta inicios de mayo. Durante ese tiempo, ninguno de los dos tuvo claridad sobre su situación jurídica, las certezas se construyen sólo por rumores; amenazas acerca de volver esposado al país de donde se huyó o pasar diez años detenido en México por violar las leyes migratorias.
Y es que según el informe de Sin Fronteras, rara vez se les explica a los detenidos cuál es el procedimiento a seguir para su liberación o para regresar a su lugar de origen. Por supuesto, los vacíos de información abren el espacio para la extorsión.
Al final, la salida de estos cubanos no costaría más de cinco mil pesos de multa y otros cinco mil de fianza. El hecho es que la versión desmiente una y otra vez la realidad cotidiana en la estación migratoria: el asegurado vive sus días en la más completa inopia, pues nunca es informado de sus derechos y de las reglas de convivencia, como supuestamente debía suceder. Los analfabetas y los asegurados que no hablan español, parten, por consecuencia, de bajo cero.
El caso de los abusos es más que cotidiano. Empero, las condiciones cambian y son rápidamente transformadas cuando aparecen cámaras o grupos de derechos humanos, quienes no tienen oportunidad de ver las huelgas de detenidos por problemas elementales como la carencia de agua potable o los chicharrones incomibles que se sirvieron en un agua turbia durante la comida de ayer.
Después de estas escenas, después de este “no entraremos a los dormitorios hasta que no nos den agua limpia” y “no comeremos hasta que cambien la comida o se arregle nuestra situación”, aparecen autoridades como Jesús Dueñas, jefe del Departamento Técnico Operativo, a quien se trató de localizar sin éxito en la estación migratoria.
Pero ése es el funcionario conciliador. Según narra Labrador, entre los detenidos había un hombre, particularmente violento, de la isla de Martinica y que fue llevado al servicio siquiátrico. Al ser devuelto a la estación migratoria, debió hacerlo con ropa de hospital. No se le quiso dar su ropa, pues se argumentaba que el cuidado de ésta era responsabilidad “de los del otro turno”. En inglés, el martiniqués protestaba a gritos en la zona de tránsito. Muchos se encontraban en la zona de teléfonos desde donde vieron el inicio del conflicto: observaron acercarse a Dueñas y retar al negro, levantándole la cara con una macana en el mentón. De inmediato, las llamadas terminaron, los que estaban presentes fueron retirados y replegados a la zona de dormitorios. Nadie vería lo que siguió…
Conforme al discurso oficial, las cosas parecen haber cambiado mucho. Apenas en mayo del año pasado, luego de un motín encabezado por 14 extranjeros quienes incendiaron colchonetas, desprendieron lavabos y hasta tiraron una pared, José Angel Pescador Osuna, entonces subsecretario de Población y de Servicios Migratorios; el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Alejandro Carrillo Castro, y la coordinadora de Control y Verificación Migratoria, Irma García Andrade, aparecerían en la estación migratoria para hacer un recorrido por ella, bajo la guía del jefe de la estación, mayor Gilberto Palmerín.
Según la versión, los funcionarios dialogaron con extranjeros asegurados, quienes dejaron constancia en sus comentarios, de que tanto hombres como mujeres y menores de edad que se encontraban en dichas instalaciones, recibían “trato humano y digno por parte del personal de seguridad y administrativo”.
Las cosas, pues, estarían cambiando.

El caso de Pedro Riera, espía cubano

Publicado en Milenio 191, mayo de 2001

Los primeros días de octubre de 2000, un caso llegó a las páginas de la prensa mexicana. Pedro Aníbal Riera Escalante, ex oficial de la Dirección General de Inteligencia cubana, ex cónsul en México y desertor del régimen castrista, había sido detenido y entregado al gobierno de Cuba por las autoridades mexicanas, pese a haber solicitado su protección. Su supuesta deportación por criterios migratorios se tramitó en cuestión de horas, sin embargo, nunca pudo comprobarse, en realidad, el lugar al que fue llevado e interrogado ni la fecha y las condiciones en que fue sacado del país. Durante cuatro meses, a Riera se lo tragó la tierra. Reapareció en un calabozo de Guanajay, enfermo, sujeto a proceso. El gobierno mexicano lo traicionó.

El 28 de agosto de 2000, Edelmiro Castellanos, periodista cubano radicado en México, recibió una llamada telefónica en su domicilio.
—Con Edelmiro Castellanos, por favor -dijo una voz del otro lado. Se trataba de un hombre maduro, cubano también.
—Él habla -devolvió Castellanos.
—Tú y yo nos conocemos, aunque no personalmente. Quiero verte para tratar asuntos de gran interés para los dos. ¿Dónde y cuándo?
Ambos pactarían un encuentro para las cinco de la tarde de ese mismo día. El lugar fue la sección de libros del Sanborns del Palacio de los Azulejos, en avenida Madero. La presentación fue rápida: “Mucho gusto, soy Pedro Riera Escalante”.
El nombre no era desconocido; Riera Escalante no era cualquier cubano. Había sido cónsul en México de 1986 a 1991 y era mayor retirado de la Dirección General de Inteligencia (DGI) cubana, con 25 años de servicio y especializado en la guerra contra la Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA).
Riera explicó al periodista su situación. Había roto con el régimen de Fidel Castro y decidió viajar a México en busca de asilo. Su contacto con Castellanos había sido posible gracias a la carta enviada por cerca de 90 intelectuales al presidente Zedillo, el 7 de abril del 2000, en la que le solicitaban un voto de censura por parte de México a la situación de derechos humanos en Cuba, y en la cual se incluía el teléfono del periodista cubano como responsable de las firmas reunidas.
El ex espía buscaba apoyo para su situación. La primera propuesta de Edelmiro Castellanos sería buscar también, antes de acudir al gobierno mexicano, el respaldo de personalidades del ámbito intelectual, académico y de derechos humanos, para poder invocar esos nombres ante los funcionarios. “¿Cuándo empezamos?”, fue la respuesta de Riera.
Esa misma noche, el escritor Carlos Monsiváis conoció el caso y recibió una explicación de la situación. Ni Castellanos ni Riera se reunirían con él como se manejó en algunas versiones periodísticas, lo que hizo que Monsiváis negara al semanario Proceso cualquier encuentro con el cubano. Asimismo, se hizo contacto varias veces con Alejandro Ope, asistente de Adolfo Aguilar Zinser, entonces coordinador de Asuntos Internacionales del equipo de transición de Vicente Fox, con el propósito de que se tuviera información sobre lo que sucedía; sin embargo, la conversación no fue posible, el presidente electo guardó distancia.
Hubo dos reuniones que sí se realizaron: la primera con Rafael Álvarez, primer visitador del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), y la segunda con Sergio Aguayo, experto en relaciones internacionales y ex presidente de la Academia Mexicana de Derechos Humanos.
La propuesta fue hacer una gestión ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER), con la convicción de que para la canciller Rosario Green el caso no sería desagradable y que, por el contrario, se podía tener cierta confianza en su posición. Sin embargo, en ese momento, Green asistía con el presidente Ernesto Zedillo a la Cumbre del Milenio, realizada en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York.
A cambio, la primera gestión se realizó con su secretario, Pedro Tamayo, quien tuvo una reacción positiva e incluso de entusiasmo con el caso, y quien, ante la ausencia de la canciller, se encargó de ponerlo en manos de Carlos de Icaza, subsecretario para América Latina y Asia-Pacífico de la SRE. La última -el 8 de septiembre- fue una reunión breve, en la que el funcionario mantuvo una actitud tensa y hostil en contra de Riera y Castellanos. De Icaza terminó la conversación diciendo que serían llamados por las autoridades indicadas de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Tras aquella charla, mediando apenas un par de horas, un nuevo llamado fue hecho al domicilio del periodista cubano. “Estamos muy interesados en el asunto. ¿Dónde y cuándo nos podemos ver? Si la cita se puede hacer con dos horas de anticipación, mejor, porque queremos hacer un operativo de seguridad muy riguroso”. Se trataba de José Luis Valles, funcionario del Centro de Información y Seguridad Nacional (Cisen), a las órdenes de Alejandro Alegre, director del Centro.
La reunión con Valles se realizaría en el restaurante Vips de Ampliación Asturias, en calzada Chabacano. Riera era interrogado con insistencia acerca de su entrada a México, sus documentos migratorios… se le pedía continuamente que probara que no era un provocador, que no era un doble agente que estaba buscando crear un escándalo diplomático entre México y Cuba. Edelmiro Castellanos y Pedro Riera amagaron con levantarse de la mesa, ambos consideraban innecesaria la actitud policiaca del gobierno mexicano, toda vez que se asumía que el de Riera era más que un problema migratorio. A partir de ahí, José Luis Valles cambiaría su actitud.
Sin embargo, la historia de Pedro Aníbal Riera era más que la de un desertor del régimen, y su determinación de salir de Cuba, más que un “desencanto” con la política de Castro.
Dado su perfil de trabajo, el ex cónsul se constituía como el desertor cubano de mayor importancia que se refugiaba en el exterior. No sólo era responsable de la redacción de algunos manuales de la inteligencia cubana, sino que, hacia la mitad de la década de los setenta, Riera colaboró de manera cercana con Phillip Agee, ex agente de la CIA, quien en 1975 publicó el libro Inside the Company, el cual puso en evidencia las operaciones de la Agencia en todo el mundo, particularmente, sus intervenciones en Cuba y en Latinoamérica.
No obstante -y otra vez en contradicción con las versiones difundidas en México tras su deportación a Cuba-, aunque Riera realizó trabajos de reclutamiento y contacto sólo de manera eventual, en México, lograba vigilar las actividades de la CIA y conocía a informantes mexicanos, incluidos integrantes de izquierda, empresarios, políticos de distintos partidos, agentes de seguridad, intelectuales y periodistas.
Para junio de 1993, empero, el ex cónsul fue separado como miembro del Ministerio del Interior (Minint) por la violación de un ordenamiento que le impedía tener relaciones con elementos “desafectos” a la Revolución. Como cónsul en México, Riera era reconocido por sus vínculos con la comunidad cubana, su actitud amplia y de buen trato con cualquiera de sus connacionales, incluidos los catalogados de manera negativa por el régimen.
En el lapso que Riera fue licenciado como miembro de la DGI y requerido para volver a Cuba, y su reingreso a México, su primera esposa, Mayté, enfermó y murió de leucemia. Parte del apoyo más importante en esos días vendría de amigos del matrimonio Riera, considerados “no gratos” por el gobierno de La Habana.
“Durante seis años -revelaría el ex cónsul cubano en una carta- fui perseguido y hostigado de manera sistemática por los servicios de contrainteligencia cubanos; no se me dio ningún retiro que me permitiera subsistir, ni se me garantizó un trabajo, viéndome obligado a trabajar en diversas actividades, incluso en un ‘paladar’ (una especie de cocina económica que por disposición gubernamental no puede tener más de 12 sillas)”.
Reiteradamente, las autoridades cubanas rechazaron las solicitudes de Riera para salir de la isla, aun cuando éste tuvo ofertas de trabajo por parte de empresas mexicanas y a pesar de haber solicitado autorización para establecerse en ciudad de México en noviembre de 1997, tras contraer matrimonio con la mexicana María del Socorro Yáñez. Una y otra vez, el ex miembro de la DGI fracasó.
Finalmente, el 23 de octubre de 1999, y echando mano de un pasaporte a nombre de Pedro Morales Estrada, Riera abandonó La Habana, en definitiva, por el aeropuerto José Martí.
En apariencia, el caso del cubano Riera avanzaba favorablemente en las reuniones con el Cisen, mientras el periodista Edelmiro Castellanos, también miembro del Comité de Apoyo a Migrantes Cubanos en México, gestionaba el apoyo de organismos y personajes.
De ahí nació una nueva iniciativa. El ex cónsul cubano se reuniría en un par de ocasiones con los periodistas Julia Preston y Tim Weiner, para acordar la estructura de una entrevista que iría directa a las ocho columnas y a la primera plana de The New York Times y el diario Reforma de la ciudad de México, justo en la misma fecha. Si bien, a cada medio le concernían en lo particular algunos temas, como la actividad del ex espía en contra de la CIA y la infiltración en México, respectivamente, la entrevista con el Times tendría ejes importantes, como la metodología de combate y penetración de la CIA, y las acciones concretas en diferentes partes del mundo; anécdotas; algunos nombres, y acciones de la Inteligencia Cubana en Estados Unidos.
El encargado del trabajo para México sería Sergio Aguayo, profesor de El Colegio de México y colaborador de Reforma.
Sin embargo, asegura Edelmiro Castellanos, Riera “no tenía ninguna intención de revelar públicamente nombres de personas o hechos que pudieran lesionar los intereses del gobierno mexicano. Así se le hizo saber siempre a las autoridades”.
Las versiones periodísticas, los primeros días de octubre, señalaban que Riera Escalante había buscado, desde su salida de Cuba y hasta antes de su contacto con Castellanos, acercarse al gobierno de Estados Unidos, tiempo en el que logró reunirse con personal de inteligencia de la sede diplomática, con quienes habló de sus actividades. La entrega de información a los elementos de la CIA le habría abierto la puerta de la embajada. Sin embargo, aunque entre los agentes de la CIA destacados en México había una corriente favorable para conceder protección al cubano, había sectores que aparentemente desconfiaron de su historia, hubo temor de que se tratara de un supuesto desertor, un doble espía del gobierno de Castro. No hubo respuesta.
No obstante, Rafael Álvarez, ex visitador del Prodh, recuerda el rechazo de Riera ante la idea de asilarse en Estados Unidos.
Para el 3 de octubre, los reporteros de The New York Times y Riera se encontraron por tercera vez, en el Hotel Parque Ensenada, de la avenida Álvaro Obregón, para afinar los detalles de la entrevista. Tres o cuatro días después se realizarían el par de charlas que irían a las páginas tanto del diario mexicano como del estadounidense.
Al salir de la reunión, Riera y Castellanos se dirigieron a otra cita, la última que sostendrían con José Luis Valles, en el restaurante Sanborns de avenida Cuauhtémoc, en la colonia Roma.
Esa vez no hubo operativo de seguridad: sólo el funcionario del Cisen, una mujer a quien identificó como su “analista” y un escolta que se mantuvo al margen. La charla fue breve, no más de una hora. Valles había prometido, por última vez, ayudarles.
A las 18:15, Riera y Castellanos traspondrían las puertas del Sanborns. Tras caminar unos metros, los cubanos se cruzarían con el ayudante de Valles, quien en lugar de despedirse, como siempre lo hacía, pasó por un lado sin mirar, sin dar la cara. “¡Cuídense, cuídense!”, alcanzó a decirles.
Seis hombres aparecieron. Armados, vestidos de civil, les cortaron el paso.
“Documentos, cabrón”, soltó un sujeto, vestido con una chamarra larga, negra que interceptó a Castellanos mientras le colocaba una pistola en su costado.
Cuatro sujetos tomaron a Riera para meterlo en una camioneta Van, blanca, de modelo reciente; la misma o al menos una similar a la que aparecía en los operativos montados durante las otras entrevistas con el Cisen.
Edelmiro regresó al interior del Sanborns a decirle a Valles que se habían llevado a Riera. El funcionario se mostró sorprendido. “Deben haber sido ellos, los cubanos”, dijo.
De inmediato, Valles hizo una llamada por su celular: “Señor, acaban de secuestrar al cubano”, informó aparentemente a su jefe, Alejandro Alegre. Apenas terminó su llamada, Castellanos le advirtió que por la seguridad Riera, tenía que “reventar” el secuestro en la prensa.
—Bueno, ésa es tu decisión.
Sobre el paradero de Pedro Riera no se volvió a saber.

Recortes del caso aparecían en La Jornada, Reforma, Crónica, Proceso. La versión oficial sostenía que Riera fue detenido por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), interrogado sobre la forma en que ingresó al país esa misma noche -según constó en el acta 4212 del INM-, y deportado tras no acreditar su legal estancia en territorio mexicano. Las contradicciones caerían después.
En el Juzgado 5o de Distrito se hizo saber al Prodh que en la estación migratoria de la Segob constaba, por razón actuarial, que Pedro Riera Escalante había sido deportado a las seis de la mañana del 4 de octubre, en el vuelo 321 de Mexicana de Aviación, en tanto que Jesús Jiménez, vocero del INM, declararía que la salida se había dado cinco horas y media después, a las 11:30. Rafael Álvarez, del Prodh, señalaría que nunca hubo reportes de que el ex cónsul estuviera en Cuba.
Y más aún. Primero, según The New York Times, la oficina de prensa de la Segob dio a conocer que José Luis Valles no trabajaba en la dependencia desde febrero de 2000. Luego, sólo unos días después, Alejandro Alegre, director del Cisen, reconocería que Valles, responsable del área de contrainteligencia del Centro, había sostenido varias entrevistas con Riera, aunque el objetivo fue verificar si en realidad formaba parte de los servicios de inteligencia del gobierno cubano.
La propia embajada estadounidense, que había demorado la solución a Riera, solicitó al gobierno de México una explicación por la deportación del ex cónsul. El vocero de la representación diplomática dejó claro: “Si hizo contacto o no con funcionarios de Estados Unidos, no cambia el hecho de que el gobierno mexicano tenía la responsabilidad de cumplir con las convenciones internacionales… la detención sumaria y la expulsión generalmente no son las normas que se aplican a quienes buscan asilo”.
A Pedro Riera se lo tragó la tierra durante cuatro meses. El primer indicio de que el ex mayor había llegado a Cuba se dio en los últimos días de enero de este año. Un testimonio recogido en La Habana lo ubicaría por fin, detenido en Villa Marista, un antiguo colegio religioso que desde hace décadas funciona como cuartel de la seguridad del Estado.
María del Socorro Yáñez, esposa de Riera, dio cuenta entonces de tres visitas. Lo que vio fue revelador: “La primera vez que lo fue algo espantoso, parecía destruido. Estaba muy delgado, con problemas de presión arterial, en el hígado y una infección en la piel. El pelo se le encaneció y estaba muy tenso; pero ahora parece que está mejor, como si ya hubiera aceptado su situación en la cárcel”.
El testimonio de Yáñez, más allá de referir el estado físico del ex cónsul, evidenciaría el largo periodo en el cual Riera había sido mantenido aislado. Sin embargo, para marzo sería movido a la prisión de Guanajay, donde actualmente espera su proceso.
Por otro lado, a pesar de que el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Felipe Pérez Roque, asegura que el caso es “un problema migratorio menor que pasó hace mucho tiempo”, el proceso es llevado por una Corte Militar, en tanto que quien firma las conclusiones de la acusación es un mayor. La explicación es que aunque Riera dejó de ser parte del Minint desde 1993, tres militares adscritos al aeropuerto -Pedro Losy Pérez, Sileika Villalón y Lester López- aparecen como coacusados tanto de cohecho como de falsificación de documentos. Hasta el día de hoy, el proceso su contra se ha aplazado por incidentes mínimos.
No obstante, una versión da cuenta del periodo en que Riera permaneció desaparecido. Según dos fuentes de la Segob, una de ellas de primer nivel, el espía cubano fue retenido en México por autoridades del Cisen y llevado, en principio, al hotel Mayab, en el centro de la ciudad, donde se le aseguró por cinco días. Finalmente, fue trasladado a las instalaciones del Centro, donde habría permanecido hasta antes de ser enviado, no en un vuelo comercial de Mexicana, sino en un avión del Cisen.
Dos funcionarios del Centro habrían sido los encargados de hablar con Riera para sacarle información: Félix Lozano, subdirector de Asuntos Extranjeros, y José Luis Valles, director de Contrainteligencia, quien había ofrecido al ex cónsul todas las garantías de seguridad y la regularización de su situación migratoria, antes de su detención.
“Lozano y Valles lo estaban ‘trabajando’. Lo vi en los separos y estaba vendado de los ojos”, asegura una de las fuentes, que prefiere mantener el anonimato. “Una de las razones por las que fue detenido -agrega- es porque estaba pasando información a Estados Unidos”.
No obstante, Valles resulta más que un personaje discreto, por no decir oscuro en el capítulo Riera. Según un ex agente de los servicios de inteligencia mexicanos que conoció sus métodos de trabajo, el funcionario había formado parte de la Liga Comunista 23 de septiembre. Años más tarde trabajó con Jorge Carpizo cuando éste fue rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, procurador General de la República y presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Valles y su esposa trabajaron la década pasada como agentes encubiertos en Chiapas y más tarde lograron infiltrar el ala democrática del EPR en Guerrero y Oaxaca. Asimismo, estuvo involucrado en un escándalo de narcotráfico en el estado de Hidalgo, lo que implicó la baja de funcionarios de la delegación del Cisen en ese estado y la anulación en el sistema del Centro.
Empero, un hecho resulta patente. Riera ha logrado escribir y hacer llegar a Elizardo Sánchez Santa-Cruz, presidente de la Comision Cubana de Derechos Humanos y Reconciliacion Nacional, tres cartas de su puño y letra -de las cuales sólo se conoce parcialmente el contenido de la primera- para exponerle su situación. Riera hace énfasis en su “secuestro”, así como en las violaciones a tratados internacionales en que incurrió el gobierno de México y el engaño del que fue objeto en su extradición.
En la tercera de sus comunicaciones, el ex cónsul da, sin embargo, el número exacto de días en que permaneció en la prisión de Villa Marista: 126, aunque guarda absoluta discreción acerca de las condiciones a partir de su detención, en octubre de 2000, y enero de este año: “Hay otras cuestiones que salen en la prensa que no puedo ni ratificar ni desmentir, pues pueden tener consecuencias legales negativas para mí”.
El germen del problema en la extradición del ex cónsul cubano, sin embargo, radica en otro aspecto. El Prodh ha expresado repetidamente que el gobierno mexicano actuó ilegalmente, esgrimiendo criterios migratorios administrativos en lugar de asumir las connotaciones políticas de la deportación. No se trataba de un indocumentado más en este país, sino de un caso de alto perfil político. “Riera se puso en manos de un gobierno que actuó de mala fe”, concluye el organismo de derechos humanos.

Mario Villanueva, su huída

Milenio 183, 19 de marzo de 2001
A la medianoche del 4 de abril de 1999, horas antes de que Joaquín Hendricks Díaz tomará posesión de la administración, el aún gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, salió del país con 28 acusaciones a cuestas que lo involucraban con el narco y el lavado de dinero, y que acreditaban su especial cercanía con Ramón Alcides Magaña El Metro, operador del cártel de Juárez. De nada sirvió el cerco de las autoridades que intentó pararlo en la península, toda vez que la salida de El Chueco Villanueva se habría dado desde la ciudad de México.
Según versiones, un avión Lear Jet 28, matrícula XC-HIE, despegó del aeropuerto de la ciudad de México, específicamente en el hangar propiedad de la Secretaría de Gobernación, entonces a cargo del sinaloense Francisco Labastida Ochoa, llevando a Villanueva Madrid con rumbo a Panamá, en donde, según un informe del Centro de Información y Seguridad Nacional (Cisen), es copropietario de la Empresa Agrícola Ganadera, que tiene como socio principal a Felipe Alejandro Virzi, quien fuera segundo vicepresidente de ese país, durante el mandato de Ernesto Pérez Balladares. Fuentes de la Procuraduría General de la República (PGR) confirmaron a Milenio Semanal la existencia de esa empresa, la cual no pudo ser investigada a profundidad por falta de colaboración de las autoridades panameñas.
El avión fue tripulado por los capitanes Alfredo del Valle y Alberto Ferrer, jefe y subjefe de transportes aéreos del hangar de la Secretaría de Gobernación. Ambos han sido relevados por el general de división, piloto aviador, Carlos Mendívil, ex piloto del presidente José López Portillo.
Pero un nuevo personaje se agregaría a la red de complicidades tejida para lograr la evasión de El Chueco Villanueva, y cuyo primer eslabón habría sido el gobernador de Yucatán, Víctor Cervera. Según personal de ese hangar, el vuelo fue ordenado por el comisionado adjunto de la Policía Federal Preventiva, Wilfrido Robledo Madrid, quien había recibido el puesto, cuatro días antes, de manos de Labastida Ochoa y quien hasta antes de ocupar la nueva posición adjunta al comisionado de la PFP, Omar Fayad Meneses, se había desempeñado como director de Servicios Técnicos y de Protección del Cisen.
Contraalmirante de la Armada de México y primo hermano de Villanueva Madrid, Wilfrido Robledo Madrid tenía control absoluto, desde el Cisen y luego desde la PFP, del equipo aéreo de la dependencia, poder que iba más allá del que ejercía el propio comisionado de la Federal Preventiva. Ya durante su gestión, ordenó construir cinco celdas con seguros electrónicos en el hangar de la Secretaría de Gobernación.
Funcionario del Cisen hasta el 31 de marzo de ese año, cuando fue designado para el nuevo puesto, Robledo se había desempeñado como responsable de Seguridad Pública durante el gobierno priista de Enrique González Pedrero, en Tabasco, donde estableció fuertes lazos amistosos con el actual jefe de Gobierno del DF, Andrés Manuel López Obrador. Desde esos años, la prensa del sureste vinculaba a Wilfrido Robledo Madrid con los cárteles de la droga que utilizaban territorio fronterizo para bajar cargamentos de droga proveniente de Colombia y Sudamérica.
Asimismo, a su paso por el gobierno de Tabasco y como encargado de la policía aumentó la vinculación de los miembros de los cuerpos policiacos con las actividades del narcotráfico, y de hecho popularizó el uso de drogas como cocaína en la tierra del pejelagarto.
Consumada la fuga, muchos comenzaron a repasar cómo, todavía en marzo de 1999, se le miraba exultante. Sentado a la mesa con una centena de amigos y colaboradores, en su rancho El Mostrenco, el gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, recibía palmadas de quienes con él festejaban su cumpleaños y sus bromas: “Espero que así como me visitan aquí, en mi casa, vayan a verme a Almoloya”.
Presente la mayoría de los miembros de su gabinete, líderes locales y algunos dirigentes de la oposición, Villanueva aseguraba que las acusaciones del Ministerio Público Federal en su contra no eran más que la respuesta a su posición durante una reunión en Los Pinos con el presidente Ernesto Zedillo, la cual explicó así: “He propuesto, desde hace algún tiempo, que se abra el partido, que se democratice la designación de su dirigencia. Estoy hablando no de permitir la impunidad, pero sí de aprovechar a los cuadros políticos regionales para fortalecer al partido. Por eso he propuesto y pugnado porque la oposición no nos gane en tiempos. Creo que esto ha incomodado a muchos políticos del centro, especialmente a los de muy arriba”.
Y entonces rompió: “Yo no voy a esperar al 5 de abril, a que tome protesta Joaquín (Hendricks), y saliendo, venga la PGR, me detenga y me lleve a Almoloya. No voy a ser el chivo expiatorio de la descomposición del sistema político; no me voy a quedar con las manos cruzadas. Voy a hablar”.
En octubre de 1998, tres semanas después de que Joaquín Hendricks recibiera la designación como candidato priista a la gubernatura de Quintana Roo, información publicada por The New York Times, la cual citaba a presuntas fuentes de la Procuraduría General de la República, daba a conocer una investigación a Mario Villanueva Madrid como parte de una operación antidrogas en la península.
—¿Es usted narco? —le preguntó al gobernador un reportero de La Jornada.
—A mí no me espanta esto —respondería Villanueva—. ¡Soy gente de carácter! Quizá decir mi verdad es uno de mis problemas. No me preocupa que digan que soy narcotraficante, soy gente seria.
En 1999, ya en su sexto informe de gobierno, Villanueva advertía una venganza en las acusaciones sobre su vinculación en delitos contra la salud. La persecución en su contra —dijo en los minutos dedicados a su mensaje político— era iniciativa del poder político del país, quien lo tenía en sus manos.
Apenas terminó la lectura de su informe, Villanueva abordaría un avión que lo llevó a los dominios de su amigo, el gobernador Víctor Cervera Pacheco. El todavía gobernador de Quintana Roo sabía que estaba por girarse orden de aprehensión en su contra. Conocía incluso las averiguaciones previas, pues había sobornado a algunas autoridades para allegarse la información. Las primeras pesquisas de la PGR irían sobre la Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada, específicamente sobre Cuauhtémoc Herrera Suástegui, víctima de un atentado el 23 de marzo del año pasado.
Según el fiscal antidrogas, Mariano Herrán Salvatti, Herrera Suástegui no sólo se encontraba bajo investigación por presuntas “filtraciones” de información judicial protegida por ley, sino por el presunto otorgamiento de “protección institucional” a una célula del cártel de Juárez, comandada por Ramón Alcides Magaña El Metro, también ligado con Mario Villanueva.

Hasta el final, el ex gobernador se dijo víctima de “un linchamiento de mala fe, sin pruebas; de una campaña de difamación, de calumnias y de desprestigio”. Y advertía: “Voy a enfrentar a las autoridades judiciales y ahí voy a aclarar y a limpiar mi imagen de cualquier imputación que se me haga”.
Sin embargo, el ahora prófugo no se presentaría a ninguno de cuatro citatorios que le fueron girados por la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la Salud, para presentar su defensa a 28 acusaciones por narcotráfico, protección de narcotraficantes, consumo de cocaína y lavado de dinero.
El Chueco Villanueva desaparecería siete días antes de entregar la administración, por lo que no estaría presente en la ceremonia de cambio de poderes del 5 de abril, fecha en que también terminaba la protección que le otorgaba su fuero como gobernador. Esa misma mañana, 32 elementos de la PGR, al mando de Mariano Herrán Salvatti, llegarían a Chetumal para poner en marcha un operativo con el objetivo de localizar al ex gobernador.
De inmediato las versiones sobre su paradero comenzaron a ubicarlo en Panamá, país a donde habría huido, protegido por el director de la Judicial estatal, Agustín Bello Hernández, y donde el mandatario es propietario de un rancho y una empresa exportadora de frutas y ganado, según versión de Manuel Salinas, ex subdirector de la corporación, quien colaboró como informante de la Procuraduría, tras ser ubicado como el correo entre el cártel de Juárez y los funcionarios del gobierno estatal.
Pero el aún gobernador no partiría solo, sino que lo harían también su cuñado José Luis Alamilla; su ex jefe de ayudantes, Abraham Oliva, y el ya mencionado Agustín Bello, de quien se afirma que el 3 de abril fue el artífice del robo del armamento adscrito a los agentes de la Procuraduría estatal, para cubrir la huida de Mario Villanueva. Ese hecho daría pie a que el rancho El Mostrenco, propiedad del ex gobernador, fuera cateado en busca de los rifles AK-47 y R-15 sustraídos.
Luego, mediante un video grabado el día de la huida, El Chueco Villanueva explicaría que su escapatoria se había dado en seguida de su viaje de Chetumal a Toluca y de esa ciudad a Mérida, Yucatán, donde ”me le perdí a un grupo de agentes federales que me seguían”.
Los últimos días de abril, el procurador Jorge Madrazo Cuéllar confirmaría la versión de la reunión en Mérida entre Villanueva y Víctor Cervera Pacheco, luego de la cual el primero habría utilizado a elementos de Seguridad Pública y la Policía Judicial de Quintana Roo, además de su escolta personal, aviones y vehículos oficiales para huir del cerco de la PGR.
No obstante, Cervera, quien hoy mantiene su desacato al Tribunal Federal Electoral, encontraría el recoveco legal que lo eximiría de cualquier responsabilidad: Mario Villanueva no tenía una orden de aprehensión en su contra, no era un prófugo, gozaba de fuero constitucional que no llegaría a su fin, sino hasta la media noche del 4 de abril. De manera que quien hubiese podido brindarle ayuda para esconderse, en todo caso, no habría incurrido en el delito de encubrimiento, porque éste no se daría, sino hasta que la orden de aprehensión se expidió, el 5 de abril.
Pero en realidad, desde los primeros días de su desaparición, versiones extraoficiales ya apuntaban a Yucatán como refugio natural del ex gobernador, dada la amistad estrecha que desde hace varios años sostiene con Cervera, hoy acusado de desacato y enfrentado con el gobierno federal. Si en un principio se llamaba la atención acerca de su probable presencia en Chicxulub, municipio de Puerto Progreso, más tarde los efectivos de la FEADS ampliaron su área de rastreo a la zona oriental de la entidad, principalmente en la ciudad de Tizimín, donde se sabe que Villanueva Madrid tiene amigos, parientes y propiedades, e incluso mantuvieron vigilados los accesos al rancho Chen Pato, propiedad de Cervera Pacheco.
En junio de 1999 el fiscal Mariano Herrán Salvatti, confiaba en que la Procuraduría estaba “a punto de echarle el guante” a Mario Villanueva. Su seguridad lo llevaría a asegurar que el ex gobernador de Quintana Roo aún estaba en el país.
Sin embargo, para febrero del año pasado las oficinas de la Interpol en Panamá y Belice recibían una petición de las autoridades mexicanas para intensificar las investigaciones en torno a la probable presencia en su territorio de Villanueva Madrid. Según fuentes cercanas a la investigación, los elementos para empezar a considerar la presencia de El Chueco en Panamá, se desprendían de los datos aportados por Deysi Baeza, quien durante años fue considerada su amante, y quien durante el gobierno de Villanueva se había hecho cargo de los institutos estatales de Vivienda y de Agua Potable y Alcantarillado.
Incluso ocho meses después de la fuga, en noviembre de 1999, el programa 60 Minutos de la cadena estadunidense CBS abordaría el tema Villanueva y presentaría un entrevista con el ex gobernador, realizada en febrero, donde se le preguntaba directamente si tenía planes para huir y exiliarse en Panamá una vez que dejara el cargo.
“No es cierto… soy un hombre que está seguro de sí mismo. Estoy limpio y dispuesto a enfrentar la justicia. No me tienen que cazar, no me tengo que ir corriendo o esconderme en algún lado” -fue la respuesta.
Dos años después, según la versión, Mario Villanueva fue el único pasajero del jet del gobierno mexicano que despegó a la medianoche del domingo, casi la madrugada. Había llegado a la ciudad de México un día antes, el sábado, donde se habría entrevistado con algunas personas que colaborarían en su escapatoria, entre ellos, sus abogados Raúl Cárdenas y Juan Collado. El primero es también abogado de Raúl Salinas de Gortari, de prominentes empresarios y destacados políticos.
Había asegurado que no se quedaría con las manos cruzadas, en febrero del año pasado, en una entrevista publicada por Milenio, y soltaría algunas cosas los conocidos manejos de las candidaturas en su partido: hizo el compromiso de sacar adelante al actual gobernador, Joaquín Hendricks y a la presidenta municipal de Cancún, Magaly Achach, y luego el sistema, Gobernación, no le cumplieron: “Hicimos un compromiso, yo cumplí mi parte, yo hice que ganaran los candidatos del partido, los que ellos quisieron, yo les di el dinero, les hice la campaña, tenía el control del estado, tengo papeles para probarlo. Cuando lo de la gorda, lo de Magaly, yo me metí para sacar todo, limpio, sin quejas, aunque no era mi candidata”.
Dos años después, Mario Villanueva ni está detenido ni ha hablado como lo prometió ni se encuentra preso en Almoloya. Se encuentra prófugo de la justicia, según parece, gracias a una red de complicidades que incluiría a mandos de la justicia mexicana. Es probable que la advertencia hecha en El Mostrenco hiciera que desde Gobernación se prepara la huida, el sistema político no quería acelerar su eutanasia, la cual finalmente comenzó el 2 de julio.

Las caras de México en la condena a Castro

Milenio 186, 9 de abril de 2001

En aproximadamente diez días, en la 57 Reunión de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, México asumirá una posición que podría ser en sí misma histórica. Por primera vez, nuestro país podría votar en el pleno de la sesión en favor de una resolución de condena a la situación de derechos humanos en Cuba, la cual no sólo llevaría la relación bilateral a su mayor punto de deterioro, sino que al mismo tiempo pondría sobre la mesa el propio expediente mexicano y la calidad moral de sus autoridades para emitir censuras.
Madrugada de febrero en La Habana. El comandante Fidel Castro se despojaba de su eterno uniforme militar para ponerse un fino traje negro, corbata roja y una impecable camisa blanca. Esa noche, en el Palacio de la Revolución, compartiría la mesa durante siete largas horas con una delegación mexicana proveniente del estado de Zacatecas, encabezada por el gobernador Ricardo Monreal, la cual había llegado hasta ahí para otorgarle el doctorado honoris causa por la Universidad Autónoma del estado.
Castro buscaría ganarse de inmediato a la prensa mexicana, dispensándole todas las atenciones posibles: cena, varias botellas del mejor vino y relatos sobre sus tiempos de batalla y la victoria de la Revolución, las historias con el Che y su paso por México, sus años de estudiante y su formación con los jesuitas.
Apenas unas horas antes, durante la ceremonia formal de encuentro, Fidel había deslizado un par de frases para los presentes: “Cualquier cosita de México nos duele más que si nos la hiciera cualquier otro país del mundo. Mejor pidámoslo así: un gramo de acción de México a favor de Cuba vale más que decenas de toneladas que nos pudieran hacer esos caballeros del norte. Así se ha forjado nuestra amistad”.
Éste era sólo uno de los consistentes esfuerzos del gobierno cubano en busca de mantener el apoyo de México de cara a la reunión de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, Suiza, donde este año, con el apoyo de México, podría triunfar de nueva cuenta la censura a las autoridades de la isla.
Pero para el gobierno de Fidel Castro la alerta comenzó desde el año pasado, cuando el presidente Ernesto Zedillo dio un vuelco radical en su política hacia la isla. Más allá de llevar el volumen de las inversiones mexicanas en Cuba a su nivel más pobre y el distanciamiento de facto entre ambos gobiernos, la posición del gobierno mexicano en Ginebra daría su primer giro. México se abstendría de emitir su voto en la reunión, no sin antes levantar una crítica acre contra el gobierno de Castro: “Cualquier país que forme parte de la Organización de las Naciones Unidas está obligado a honrar sin cortapisas los derechos humanos de sus ciudadanos, incluyendo los que confieren libertades políticas esenciales como el derecho a expresarse sin restricciones y disfrutar de una prensa libre; al derecho a participar libremente en partidos políticos; el derecho a seleccionar a los gobernantes mediante elecciones periódicas, con reglas justas, transparentes y voto secreto; el derecho a disentir de quienes ostentan el poder político sin temor a represalias de ninguna especie”.
El gobierno de Zedillo había tomado la decisión de no censurar, bajo el argumento de que el cambio en la isla no podía darse mediante presiones externas ni por medio de embargos y bloqueos comerciales. Sin embargo, para las autoridades cubanas la abstención constituía un retroceso y de hecho fijaba un cambio en el trato.
La posición de México había sido alentada desde la misma capital del país. Sólo unos días antes de la votación en el pleno, más de 70 intelectuales y personalidades del ámbito político mexicano publicarían una carta dirigida al presidente Zedillo en la que exigían tomar en Ginebra una posición congruente con la defensa y promoción de los derechos fundamentales en Cuba.
El hecho es que una vez pasada la votación, la entonces secretaria de Relaciones Exteriores, Rosario Green, enviaría a cada uno de los firmantes de aquella carta, un comunicado de la dependencia, informándoles el sentido del voto de México, así como el discurso del delegado mexicano en la reunión y una tarjeta personal de saludo.
El voto no sería mas que una expresión del endurecimiento del gobierno mexicano, el cual había tenido dos capítulos anteriores en noviembre de 1999 durante la IX Cumbre Iberoamericana, en La Habana, donde, para empezar, la canciller Green se reuniría con Elizardo Sánchez, presidente de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, y opositor del régimen. Poco después, durante los trabajos de clausura de la cumbre y en la propia casa de Fidel, Zedillo haría la más clara definición del gobierno mexicano sobre la prohibición para la disidencia política, además de un crítica al régimen, al señalar que no puede haber soberanía completa sin una democracia plena, y que no puede haber naciones soberanas sin hombres y mujeres libres.
Así, con todo, el jefe del Estado cubano viajaría a la ciudad de México a la toma de posesión del presidente Vicente Fox, el 1 de diciembre pasado. Castro confiaría en que con el cambio y la llegada de un partido opositor a la Presidencia, las relaciones entre México y Cuba mejorarían sustancialmente.
Pero en los hechos, la inteligencia de aquel país sabía lo que se movía en los círculos políticos e intelectuales mexicanos. La llegada de Jorge G. Castañeda a la Cancillería, de Mariclaire Acosta a la Embajada Especial para los Derechos Humanos y de Adolfo Aguilar Zinser al Consejo de Seguridad Nacional, dejaban ver el perfil de quienes manejarían los asuntos exteriores del gobierno de Vicente Fox. Todos ellos, surgidos de grupos de la izquierda y militantes en su momento de diversas agrupaciones por la democracia, habían dado su aval y su firma, más de una vez, al lado de la de varias personalidades e intelectuales mexicanos que, durante la administración pasada, censuraran reiteradamente el endurecimiento del régimen cubano en materia de derechos humanos.

Pero el papel de los intelectuales jugaría un papel más que determinante en los últimos años. Incluso días antes de dejar la embajada en nuestro país, en julio de 1999, el jefe de la misión diplomática de Cuba, Abelardo Curbelo advertiría y mostraría su preocupación porque un grupo de personalidades, a las que dijo admirar mucho en el campo de la cultura, incluso amigos de Cuba, habían sido víctimas de la desinformación, la manipulación y los prejuicios, al insistir en la inclusión del tema de los derechos humanos en la agenda bilateral de las dos naciones.
Si bien, como candidato de la Alianza por el Cambio, Vicente Fox dejaría claro que México se opondría a las políticas de castigo y bloqueo contra Cuba, no quitaría el énfasis de un hecho fundamental: “Los procesos electorales abiertos, deben ser uno de los canales para la democratización de la isla, sin embargo, no asumimos la intención de proponer vías de solución, simplemente damos nuestro punto de vista acerca de esta situación, las respuestas son exclusivas de Fidel Castro y del gobierno cubano, nosotros respetamos la soberanía de todas las naciones del mundo”.
Ya con Jorge Castañeda en Tlatelolco y Mariclaire Acosta en la Embajada Especial, dentro de la misma Cancillería, el juego de estrategias comenzó. Lo primero fue ofrecer y enviar a la embajada en Cuba al perredista Ricardo Pascoe, quien partiría a La Habana con una idea: “Es el pueblo cubano y sólo el pueblo cubano, quien habrá de determinar el régimen político en el que prefiera vivir”.
Antes de partir, en una entrevista para MILENIO Diario, Pascoe dejaría claro que las puertas de la embajada estaban cerradas para la disidencia: “Mi relación como embajador es trabajar con el gobierno de Cuba y sostener lazos con el Partido Comunista Cubano”. El trato como embajador, subrayaría, será “sólo con el gobierno”.
El escritor Carlos Monsiváis, quien desde México ha apoyado la opción del tránsito democrático en Cuba, hablaría sobre el tema en los primeros días de enero de este año con Edelmiro Castellanos, corresponsal de Radio Martí.
“No veo por qué un embajador tenga que parcializar su trato, ni veo por qué le atribuye de antemano, con esa parcialización, una característica subversiva a los disidentes. Creo que en todo país los disidentes forman parte del sistema legal y que un embajador no tiene ni el derecho ni la posibilidad moral y política de apartarlos de los alcances de su gestión. Pienso que la gestión de un embajador es representar a un país no sólo ante el gobierno, sino ante todas las personas de la nación en donde fija su residencia diplomática. Me parece que esa actitud contradice la tradición mexicana en general y da una idea muy extraña de cuáles son los cometidos de un representante de México. Si un representante de México en Cuba lo es sólo ante el gobierno, estamos viviendo una situación anómala. Los disidentes políticos son ciudadanos cubanos y tienen todo el derecho a ser recibidos y tratados por el embajador”.
Dos hechos más harían patente la inquietud y el nerviosismo de los últimos días. El anuncio de que el gobierno argentino encabezado por Fernando de la Rúa apoyaría con su voto la condena a la política de derechos humanos en la isla, aunque manifestaría sus diferencias con el embargo económico establecido por Estados Unidos, llevaría a Fidel a sugerir que el voto argentino era una respuesta al apoyo financiero internacional que ese país recibió en diciembre pasado por intermediación de Washington. “Argentina lame la bota de los yanquis”, diría el comandante Castro.
Por esos días de enero, el entendimiento con la embajada mexicana no tenía referente: en menos de cinco días, el embajador Pascoe y Fidel Castro sostendrían tres reuniones. Comenzaba a hablarse de la incorporación de Cuba al pacto petrolero de San José, en el que México y Venezuela venden petróleo a precios preferenciales a naciones amigas. En el encuentro se ultimaron detalles, incluso para que el presidente Vicente Fox realizara una gira por ese país antes de terminar el primer trimestre del año. Como muestra de buena voluntad, Fidel le entregaría una caja de puros especiales para el presidente mexicano.
El último día del mes, vía fax, una carta sería recibida en la embajada con una amenaza: “Jorge G. Castañeda (canciller de México) y su kamarada embajador (Ricardo Pascoe) en La Habana parecen muy confundidos en relación con la política a seguir con Cuba. Para aclararlos, ya estamos en La Habana, Nazario y Alpha. No se me ponga nervioso, hombre, usted también recibirá nuestra visita. Con afecto. Adrián”.
Veinte días después, el gobierno aseguraría a Elizardo San Pedro Marín, como presunto responsable y miembro del grupo anticastrista Alpha 66, lidereado por Andrés Nazario Sargent. La versión oficial explicaría que San Pedro había mandado la amenaza velada desde un fax público. La incongruencia de la versión era de lo más elemental: el gobierno cubano mantiene aún control sobre los faxes públicos; en todo caso, el haber permitido la transmisión de ese documento habría sido un error sólo atribuible a la falta de cuidado.

Empero, la posición mexicana sobre Cuba, en Ginebra, podría estar más que decidida, basados en un principio: el interés y la prisa de México por limpiar su propia imagen antes de establecer condenas en el mismo sentido. A partir de esto, el gobierno mexicano habría comenzado a operar soluciones, sobre todo en el caso de los presos de conciencia y la revisión de capítulos como el 2 de Octubre de 1968, las matanzas de Acteal, El Charco y Aguas Blancas.
Los hechos están ahí. El coronel Pablo Castellanos García, un oficial de inteligencia acusado de revelar secretos castrenses, fue exonerado por la justicia militar, dos días antes de que Vicente Fox asumiera la Presidencia de la República. Más tarde, Hildegardo Bacilio Gómez, teniente coronel del Ejército Mexicano, recibió el indulto de la justicia militar por instrucción del presidente Fox y fue liberado del penal de Loma Atravesada, en Sinaloa, el pasado 19 de enero. Bacilio permanecía encarcelado desde diciembre de 1998, tras encabezar una protesta de 60 elementos del ejército por calles de la ciudad de México. Días antes, otros siete militares confinados con él recibirían también su libertad.
En perspectiva, sólo faltaría la liberación del general Francisco Gallardo, preso en el penal de Neza Bordo por su propuesta de un ombudsman militar, la cual, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), fue el detonador para echar a andar la campaña de acoso, persecución y detención en su contra. El acatamiento de la recomendación de ese organismo y la excarcelación del general, por parte del gobierno federal, se cree cercana.
Por supuesto, a esto se sumaría la liberación de 84 indígenas zapatistas, en Chiapas, y la instrucción del presidente Fox, el pasado 20 de marzo, para que sean liberados todos los presos del orden federal por el conflicto.
El caso de los ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, presos por razones políticas en el Cereso de Iguala y condenados a seis y diez años de cárcel, respectivamente, también se encuentra en proceso de revisión a petición de organismos internacionales, entre los que se encuentra Amnistía Internacional o Greenpeace.
Asimismo, se ha anunciado ya que representantes de 81 organizaciones no gubernamentales (ONG) agrupados en la red nacional Todos los Derechos para Todos, sostendrán encuentros con el gobierno federal, a partir de la segunda quincena de mayo, en busca de redefinir la política institucional en materia de derechos humanos.
Y una más. El canciller Jorge Castañeda anunciaría hace un par de semanas que el gobierno mexicano hará una invitación al Alto Comisionado de Naciones Unidas para que establezca una oficina permanente en nuestro país, invitación que hizo extensiva, de manera permanente, a los representantes de mecanismos internacionales de derechos humanos. De igual manera, dio a conocer el compromiso de México para sumarse “a los tratados en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario de los que aún no es parte” y a “retirar las reservas en otros”.
Castañeda ha sido terminante: México decidirá su voto en Ginebra, dependiendo de la redacción del documento que se ponga a discusión. También ha sido claro en otro aspecto.
—¿Esto no puede traer complicaciones en la relación entre México y Cuba?
—No lo sé. No me preocupa mayormente —dijo apenas el pasado 25 de marzo.
Lo cierto es que grupos como La Otra Cuba, interesados en lo que salga de la votación en la reunión, no sólo han tenido contacto con la Cancillería, sino que se habrían reunido un par de veces con la embajadora Mariclaire Acosta, días antes de su viaje a Ginebra.
La Fundación Nacional Cubano Americana habría cabildeado no sólo con México, sino con varios gobiernos latinoamericanos en vistas a la votación.
Cierto es también que la visita de Vicente Fox, programada para antes de finalizado marzo, se ha aplazado indefinidamente.
Mientras, Cuba busca intensamente obtener al menos una abstención de México, en los próximos días podría salir a la luz un documento promovido por el periodista cubano Edelmiro Castellanos y firmado por decenas de personalidades mexicanas que advierten al presidente de la República sobre las sistemáticas violaciones a las garantías individuales en la isla, y en la cual piden el voto de México contra el gobierno cubano, en la reunión de Ginebra.
Dicha carta, filtrada al diario Reforma la semana anterior, incluiría más de 80 firmas y constituiría el esfuerzo más importante de un grupo de académicos, artistas y luchadores por los derechos humanos, por empujar el cambio en la isla, antes de la votación.
El nuevo embajador de Cuba en México, Jorge Bolaños, pidió al presidente Vicente Fox el apoyo en la sesión de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. No logró arrancarle nada.
“Estamos estudiando eso y vamos a tratar de tomar una posición buena. Yo creo que aquí todo lo que podamos tener de información, todo lo que podamos conocer de cómo se ha superado ese asunto allá (en Cuba), nos da argumentos, nos da ideas para tomar posiciones más claras”, respondería el presidente mexicano.
Los momentos más difíciles aún estarían por venir.

La "nueva realidad" de Sinaloa

Seis imágenes ocupan, se despliegan y construyen la publicidad gubernamental en el estado de Sinaloa. Cada una representa un vistazo a las zonas hotelera, industrial y portuaria, las carreteras construidas en la actul administración, el Centro de Atención Empresarial y la infancia de la entidad. En uno de los ángulos inferiores aparece el rostro, sonriente, del gobernador Juan S. Millán.
Lo que hoy día llama la atención en los carteles, folletos, espectaculares y anuncios del gobierno estatal es la factura de una frase terca en el discurso del gobernador: “Sinaloa. Una nueva realidad”.
Sin embargo, la “nueva realidad” ofrecida en el discurso de Millán aparecería, el 1 de enero, con todo su peso.
Seis jóvenes entre 19 y 23 años, serían ejecutados a tiros esa mañana, por varios sujetos armados con rifles AK-47, en la colonia Las Quintas, en Culiacán.
Los sicarios asesinaron, de manera instantánea, a cinco de ellos, en tanto que uno más murió cuando era atendido en el servicio de urgencias.
De inmediato, la Procuraduría de Justicia en Sinaloa, calculaba que la ejecución tenía relación con los ajustes de cuentas del narcotráfico.
Dos días después, tres personas, incluyendo un menor, fueron asesinadas mientras terminaban de cenar en un puesto de tacos. La escena, matizada sólo en los detalles, sería la misma: un grupo de individuos descendió de un automóvil, se acercó y disparó 13 tiros con armas .9 milímetros, para después huir en un Jetta negro.
Y la escena, de nuevo, dos días después, el 5 de enero. Dos hombres “levantados” 24 horas antes por un grupo de entre 10 y 12 sujetos armados con pistolas y rifles a bordo de un Sentra gris y una camioneta Durango, fueron encontrados ejecutados y “ensabanados” en Culiacán. Ambos cuerpos estaban tirados, semienvueltos con sábanas, con el rostro cubierto con bolsas de polietileno y un tiro en la cabeza.
Eran sólo los primeros días del año y 16 ejecuciones habían sido cumplidas.
Ignacio Muñoz Orozco, dirigente de la Canaco local, declararía el miércoles que la impunidad y los asesinatos se han convertido en la carta de presentación de Sinaloa.
Y díganlo si no los 500 asesinatos registrados en el 2000, los 63 del último mes o los más de mil durante el encargo del actual gobernador. El problema tiene cumplidos ya tres sexenios y en los dos años que tiene Juan S. Millán al frente del gobierno, no hay ningún signo de que la situación pueda resolverse.
Según Ismael Bojórquez, jefe de información y columnista del diario Noroeste, de Culiacán, “es evidente que han faltado cojones para enfrentar el narcotráfico; es claro que el gobierno estatal se sigue escudando en el hecho de que muchos de los delitos tienen que ver con el orden federal. Y han encontrado en las facultades ajenas un escondite de oro a la hora de que la sociedad les pide cuentas.
“Ahora —añade—, esto tiene que ver con el narcotráfico, efectivamente, pero hay un aspecto que el gobierno desdeña u oculta y es que no hay una persecución efectiva de los delitos.
“No es el narcotráfico como se pretende hacer creer; es la libertad con que un gatillero comete el crimen y luego se marcha seguro de que no va a ser detenido.”
Pero la entidad tendrá que arrastrar, además, el vacío de casi un mes en la Procuraduría, luego de que su titular, Gilberto Higuera Bernal, tomara el encargo como subprocurador de Procedimientos Penales A, en la Procuraduría General de la República.
Por otro lado, están los errores en la designación del nuevo funcionario por parte del Consejo Estatal de Seguridad, el cual entregó una terna al gobernador Millán, conformada por el secretario de Seguridad Pública, Jesús Ramón Castro Atondo, encargado de los operativos de desarme que hasta hoy han sido un fracaso; el subprocurador Óscar Fidel González Mendívil y Carlos Ontiveros Salas, subprocurador general durante la administración de Francisco Labastida.
La opción de Millán, el lunes, sería finalmente por Castro Atondo.
Según, Ismael Bojórquez, del Noroeste, “fue muy evidente que el Consejo estaba muy preocupado porque Castro fuera en la terna. Lo que nosotros pensamos es que hubo línea del gobierno del estado.
“Siento que el consejo, a estas alturas, ya esta perdiendo la batalla y tiene que analizarse, qué es lo que está haciendo.
“El hecho de que ponga a un funcionario que viene de las estructuras del fracaso en la lucha contra la delincuencia y lo ponga ahora como procurador del estado me parece un error garrafal.”
Finalmente, el miércoles pasado, con el voto en contra del PAN y el PRD, el Congreso del estado ratificaría a Castro Atondo como procurador del estado. En la víspera, Óscar Urías Germán, coordinador de la fracción del PRD en la Cámara, consideró una “bofetada” para la sociedad la elección de un funcionario que no ha dado resultados.
De la misma forma, la diputada panista Patricia Bueno cuestionó las declaraciones del hoy procurador estatal, quien en días pasados declaró que si hasta ahora no han podido contra la delincuencia, es porque ésta ha tenido suerte: “No podemos permitirle que se exprese así ante la prensa una persona en la que vamos a depositar la confianza para el combate a la violencia”.
Incluso el propio Óscar Fidel González, como funcionario de la PGJE, proporcionó un dato revelador a media semana: siete de cada diez asesinatos que se cometen en la entidad quedan impunes.
Juan S. Millán viajó a la ciudad de México a principios de la semana anterior para pedir ayuda. El gobernador entregó datos que revelan la existencia de 200 grupos identificados como pertenecientes al crimen organizado, entre los que se encuentran narcotraficantes que operan en la entidad, y reconoció estar alarmado por la situación que vive Sinaloa.
“Lo primero que se piensa aquí -expresa Ismael Bojórquez- es que él ya se da por vencido, reconoce que, solo, es incapaz de resolver el problema de la violencia. Esto se me hace ya un llamado desesperado de Juan Millán.
“Ahora, a mí se me hace muy contradictorio el hecho de que por un lado vaya y pida apoyo a la Federación y, por otro, lo que él puede hacer aquí en Sinaloa, lo haga mal.”
En su reunión con el titular de Gobernación, Santiago Creel; el secretario de Seguridad Pública, Alejandro Gertz Manero, y el procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, Millán arrancó al centro el compromiso de reforzar la lucha contra la delincuencia organizada en Sinaloa. En la entidad, el presidente de la Federación de Abogados, Ezequiel Herrera, juzgó que la situación actual va en demérito de la imagen de desarrollo que se desea promover.
La “nueva realidad” de la administración estatal ha requerido, pues, no sólo el optimismo del gobernador, quien, al tiempo que se confiesa alarmado, se precia de haber conseguido estar por debajo de los 500 homicidios anuales: 499, que es la cifra con que cerró el 2000.
También se ha requerido un presupuesto de 45 millones de pesos para publicidad, solamente en la oficina de comunicación social, cuando hace dos años se manejaban 2.5 millones de pesos.
“Escamotear la realidad —afirma el jefe de información del Noroeste—, la verdadera realidad, no la inventada por los mercachifles que no duermen pensando cómo retocarle la sonrisa al gobernador, para que se vea más optimista en los espectaculares, se convierte en un crimen adicional contra una sociedad cotidianamente agraviada por la violencia.”
Milenio 174, 14 de enero de 2001.

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